Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, LAS DEFINICIONES Y EL LABERINTO DE LOS 50 AÑOS DEL MOVIMIENTO DEL 68

Durante su mensaje con motivo de su Sexto y último Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hizo todo lo posible para desterrar la corrupción de su administración y sostuvo que deja al país con mejores instrumentos para disminuir y prevenir casos en los que se busque violentar la ley. Durante su mensaje a la nación, Peña Nieto afirmó que hizo lo posible para desterrar la corrupción y que deja nuevas regulaciones contemplan sanciones y que éstas deben aplicarse a quienes incurran en dichos actos que, según él, “merecen todo el rigor de la propia ley y así ha actuado el Estado mexicano, sin distinción”. Ajá.

Desde la semana pasada, conforme se fue acercando la fecha establecida por la Constitución para que el Ejecutivo rinda un informe anual de labores, Enrique Peña Nieto regresó a través de spots grabados y en uno de ellos se refiere concretamente al caso de la Casa Blanca, que fue por cierto uno de los casos de presunta corrupción que marcó su gobierno y que por más que haya perdido perdón y haya tratado de afirmar que no hubo nada indebido, le hizo perder autoridad y credibilidad ante millones de mexicanos.

El mensaje, de no más de dos minutos, Peña Nieto reconoce que el tema de la Casa Blanca fue uno de los que “sin duda” marcó su administración. Eso mismo reconoció en varias entrevistas radiofónicas y en impresos.

Los escándalos de corrupción como Odebrecht y la Estafa maestra, así como el diagnóstico que un Tribunal Colegiado hizo sobre la participación de la PGR en torno al caso Ayotzinapa reafirman que construir una Fiscalía General de la República debe trascender cualquier interés político y atender exclusivamente al interés público. Los escándalos de corrupción de los ex gobernadores priístas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, así como del panista de Sonora o del inefable ex alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, quien dijo que robó “poquito”, son algunos de los ejemplos que se han visto a lo largo de este sexenio. Esto, sin contar con toda la serie de atrocidades ocurridas con las obras públicas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con los recursos públicos destinados para los afectados por los sismos de hace exactamente un año en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Lo mismo ocurrió con los recursos destinados al Fondo de Reconstrucción para la CDMX. En el Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para 2018, en su artículo 14 se autorizó el Fondo de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México por un monto de 6 mil 855 millones de pesos, que la mayoría de los afectados no han visto y que los ex diputados locales del PRD y del PAN, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, deben de rendir cuentas o tendrán que ir a la cárcel.

Enrique Peña Nieto ya prepara su salida. Llega Andrés Manuel López Obrador, después de 18 años de buscar la Presidencia de la República. Anuncia la Cuarta Gran Transformación del país, con un equipo de personas honorables, la mayoría de ellos, personas muy reconocidas, sin lugar a dudas, pero al fin y al cabo formará una gerontocracia, que quien sabe si podrá con el paquete. Por lo pronto, de las promesas de campaña a lo que han estado anunciando hasta ahora, hay muchas contradicciones.

Lo que no sabemos, es si las nuevas autoridades federales estarán a la altura de las circunstancias y lograrán frenar la violencia o si ésta se acrecentará en algunas regiones del territorio nacional debido a la protección que muchos grupos delincuenciales tenían de las autoridades municipales y de las propias policías locales.

Hace la friolera de 50 años, los estudiantes que formaban  el Consejo Nacional de Huelga, del movimiento estudiantil de 1968, hicieron una invitación y convocaron a los 300 diputados federales  a un debate público en CU; ningún legislador se presentó al evento y hubo quien consideró la posibilidad una falta de “respeto” a la “investidura de legislador”.

Los hijos de Díaz Ordaz ya hicieron públicas las memorias del ex Presidente y también Sócrates Amado Campos Lemus publicó un libro sobre lo ocurrido. Otros protagonistas como Marco Ávila Cadena escribió su experiencia en Lecumberri. Creo que ahora ya es tiempo de reconstruir la historia con todas las versiones, incluyendo las versiones del general Marcelino García Barragán y sobre el sucio papel que desempeñó el Estado Mayor Presidencial bajo la responsabilidad del general Luis Gutiérrez Oropeza, responsable del batallón “Olimpia”.

López Obrador los piensa enviar a los cuarteles y quiere crear una ayudantía general. ¿Será?