Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La soberbia e indiferencia como forma de gobierno. El malestar social que causa dar dinero a cubanos y venezolanos. Y la violencia electoral. 

La crisis policiaca en el estado de Campeche que ya lleva más de once días, en la que los uniformados piden y exigen la destitución de su jefa Marcela Muñoz y en las que multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han solidarizado no sólo con las protestas policiales, sino que ahora exigen que se vaya la indefendible gobernadora Layda Sansores Sanromán, muestran que el camino de la llamada 4T tiene hasta el hartazgo por su falta de sensibilidad y solidaridad a los ciudadanos y más en tiempos electorales.

Un policía líder del movimiento de Campeche afirmó en la radio que le ofrecieron 250 mil pesos y saldar la deuda de su crédito Infonavit a cambio de que dejé convenza a sus compañeros para que dejen el movimiento en contra de la gobernadora Layda Sansores y la secretaria de seguridad Marcela Muñoz.

Los policías demandan, mejores condiciones salariales y prestaciones sociales, que se les proporcionen equipos para poder desempeñar su trabajo, respeto al escalafón de ascensos y un trato digno por parte de los mandos. Nada del otro mundo. Pero la mecha que hizo estallar el conflicto, fueron las declaraciones de la gobernadora que dijo la semana pasada que no sólo no iba a remover a los mandos, sino que los policías fueran a quedarse “con sus mamás”. Layda Sansores es igual de soberbia que López Obrador y, ahora, no puede destrabar un conflicto que ella misma creó. Lamentable.

En su primera entrevista a lo largo del sexenio para la televisión estadounidense, para la cadena CBS, Andrés Manuel López Obrador, que habló de la crisis migratoria, de la producción de fentanilo y la guerra contra el narco, además del discurso antimexicano en las elecciones en Estados Unidos, hizo revelaciones que han causado mucha molestia en México.

Por ejemplo, al hablar para el programa 60 minutes, el programa de noticias más visto en ese país, López Obrador habló también de los acercamientos que ha tenido con Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba para tratar la crisis migratoria. “Es una solución de corto plazo, pero no de fondo”, reconoció, según la transcripción del programa. “Queremos que se atiendan las causas raíz”, insistió sobre la migración, de lo contrario “los flujos de migrantes van a continuar”.

Lo que no dijo es que a Cuba le entrega petróleo y gasolinas que jamás pagan ni tampoco que le paga un dineral por la presencia de médicos cubanos en hospitales públicos, cuyo trabajo y presencia no ha trascendido para nada, ni mucho menos hizo referencia a los mil 100 dólares que les entrega a cada venezolano que es repatriado y que huyen de la dictadura de Maduro que ha destruido la economía de esa nación.

La periodista estadounidense Sharyn Alfonsi centró varias de sus preguntas en el contraste que representan entre Donald Trump y Joe Biden, que competirán en noviembre próximo por un segundo término en la Casa Blanca. “Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump”, dijo López Obrador, en un tono casi salomónico.

“El muro no funciona”, insistió López Obrador con respecto a las promesas de Trump y defendió la celebración de sus conferencias de prensa diarias, y justificó su decisión de revelar el número telefónico de la corresponsal de The New York Times cuando investigaba vínculos del narco con su círculo cercano. “No lo hice con la intención de hacerle daño, ella, igual que tú, son figuras públicas, igual que yo”, justificó. También insistió en que son “calumnias” los supuestos vínculos entre su Gobierno y los carteles, y dijo que su respuesta correspondió a la gravedad de las acusaciones.

Nuevamente, López Obrador ha vuelto a cargar contra organizaciones de derechos humanos y los abogados de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. En medio de un escenario hostil tras el asesinato de un normalista en manos de la policía del estado de Guerrero y la pugna que mantiene el gobierno federal con Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, el tabasqueño ha especulado esta vez sobre un acuerdo alcanzado entre los defensores y el Poder Judicial, para la liberación de 88 implicados en la investigación a partir de una sentencia de mayo de 2018, en la que se señala que fueron torturados.

“Tenemos sospechas de que hubo acuerdos políticos, incluso que utilizaron o participaron conscientemente organismos de derechos humanos y los mismos abogados de los papás de los muchachos”, ha lanzado el mandatario, “cuando sale esta sentencia y liberan a los que presuntamente habían sido torturados, las organizaciones de derechos humanos y los mismos abogados celebran de que se haya emitido esa resolución que fue lo que permitió darle libertad a quienes habían participado”.

Y es que la campaña electoral ha vuelto a poner el ojo sobre un caso que no puede resolver desde hace más de 10 años, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida que duele a la administración de López Obrador por las promesas que hizo de que iba a resolver el caso, pero que luego se vino abajo, cuando decidió proteger al Ejército y que, según las investigaciones, ocultó información sobre el grupo que atacó a los normalistas en 2014. Las tensiones se convirtieron en protestas, una de las cuales acabó incluso destrozando una de las puertas de Palacio Nacional, porque López no recibió a las familias.

En la recta final del sexenio, y con más dudas que respuestas sobre la investigación del caso, los padres de los 43 estudiantes insisten en que el presidente les reciba. No quieren, como en otras ocasiones, que les mande algún emisario. El jueves pasado, López Obrador prometió que les iba a atender personalmente. Pero quiere condicionar el encuentro, hacerlo solo con ellos. Sin los defensores.

Y para cerrar, les informo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado un paso adelante en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En efecto, la UNAM ha pasado a la ofensiva para tratar de desbloquear el dictamen sobre la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue sometida a examen por la universidad ante las sospechas de plagio.

A través de su abogado general, Hugo Concha, presentó una denuncia penal ante la fiscalía general de la República (FGR) contra el juez José Manuel Salazar Uribe, titular del Juzgado 60º Civil de la Ciudad de México, por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia. Además, ha interpuesto un amparo indirecto para pedir al Poder Judicial Federal que intervenga y ordene al juzgador que deje de atorar el avance de los litigios y de dilatar la impartición de justicia. Estos recursos, que cuestionan la labor del juez, se suman a una queja promovida previamente por la propia UNAM en contra de Salazar Uribe ante el Consejo de la Judicatura de la capital, aún pendiente de resolución.

Hace un año que la UNAM, a través de su Comité Universitario de Ética concluyó la investigación sobre quién era el autor original de la tesis Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123, Apartado A, que fue presentada en 1986 por el alumno Edgar Ulises Báez y un año después por Yasmín Esquivel. Sin embargo, la ministra emprendió una enmarañada estrategia judicial, ayudada por jueces de su confianza, para impedir que se diera a conocer el resultado.

Hay que recordar que, en el primer mensaje de Leonardo Lomelí Vanegas como el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se refirió al caso Esquivel. Respecto al caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, el nuevo rector aseguró en aún existen varios temas legales que resolver, pero que en su momento se le dará continuidad al proceso que se lleva y se espera resolverlo lo más pronto posible.