Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El fallecimiento de Juan Velázquez Evers y la Supremacía constitucional. Se mantiene el conflicto entre los poderes federales

Fernando Ramírez de Aguilar L.

Ahora que muchos ignorantes legisladores morenistas hablan de la “supremacía constitucional”, recuerdo a mi amigo el abogado Juan Velázquez Evers, quien falleció apenas el pasado fin de semana a los 77 años. Penalista por antonomasia, pero un constitucionalista y catedrático de excepción. Juan sostenía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el único de los tres poderes federales que podía decir la última palabra sobre la interpretación constitucional de leyes y tratados, además de resolver los conflictos entre poderes legítimamente constituidos y evitar contradicciones en reformas a la misma carta magna.

Coincidía con otros destacados juristas y académicos como Diego Valadés Ríos, Miguel Carbonell Sánchez e Ignacio Morales Lechuga que “la supremacía constitucional es un principio teórico del derecho que ubica a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerándola como Ley Suprema del Estado. Y según cada país, los tratados o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución.

Juan Velázquez Evers nació en 1947 y fue hijo de Víctor Velásquez, un destacado abogado penalista junto con Raúl F. Cárdenas, Andrés Iglesias Bailet, Adolfo Aguilar y Quevedo, Bernabé Jurado, Raúl Ostos y Arsenio Farell, entre otros. Velázquez veres, junto con otro gran abogado, Jesús Zamora Pierce, defendieron a Félix Barra García, ex secretario de la Reforma Agraria, uno de los primeros funcionarios acusados de corrupción durante el sexenio de José López Portillo y cuando era procurador general de la República, el ex gobernador de Chihuahua, Oscar Flores Sánchez.

La terca memoria. Protegido por Augusto Gómez Villanueva, Félix Barra García logró ser sucesor de éste en la SRA y al término de su gestión fue acusado y estuvo detenido año y medio, aunque logró salir mediante una fianza de 200 mil pesos que contrastaba con la acusación de desvío de recursos público por poco más de 73 millones de pesos.

Juan Velázquez Evers –no le gustaba que mencionaran su segundo apellido— fue el representante legal de Diana Laura Riojas, viuda del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994, siendo uno de los principales responsables de la condena de 45 años a Mario Aburto Martínez, el asesino.

Posteriormente, defendió a los expresidentes Luis Echeverría Álvarez y Carlos Salinas de Gortari, además al exjefe policiaco, Arturo Durazo Moreno, El Negro. También, impartió cursos a nivel licenciatura y de posgrado en la que fue su alma mater, la UNAM y fue profesor fundador de la maestría en Derecho de la Universidad Panamericana y docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Juan Velásquez Evers recibió múltiples condecoraciones por sus aportaciones, entre las que destacan, la Presea Conmemorativa de los Cuatrocientos Cincuenta Años de Derecho en América, la Medalla Conmemorativa del Cincuenta Aniversario de la Fundación del Doctorado en Derecho, así como el nombramiento como Profesor Honorífico del Colegio de Profesores de Derecho Penal. Algo que destacaría de mi amigo es que jamás lo escuché decir una grosería o hablar mal de algún personaje.

Y retomando el tema de la supremacía constitucional, el Senado de la República mantiene su guerra abierta en contra del pleno mayoritario de ministros de la Suprema Corte de Justicia y la controversia radica en que, si el pleno como máximo revisor constitucional podrá frenar o no la reforma judicial pues no hay ninguna otra instancia en el Estado mexicano que supla esa tarea. De ahí que, mientras permanezcan en el cargo, los ministros pueden revisar la constitucionalidad de una reforma a la ley o, como es el caso, las contradicciones que lleguen a presentarse entre artículos o párrafos contenidos dentro de la misma Carta Magna.

Ante esta realidad no existe fundamento para exigir a la Suprema Corte de Justicia que no discuta la eventual contradicción que la reforma judicial tiene respecto al resto de la Constitución y, más importante aún, no hay nada que impida al Máximo Tribunal de Justicia del país decretar la expulsión del nuevo ordenamiento del sistema legal mexicano, así como los temas inherentes a los derechos humanos previstos en el artículo primero de la propia Carta Magna.

Otro tema que no puede pasar por alto es el hecho de que la violencia no para ni en Sinaloa, Tamaulipas y, en especial ni en Chiapas, Guerrero y Guanajuato. El gobierno federal no ha hecho, hasta ahora, lo suficiente y ya es el momento que los gobernadores morenistas y del PAN rindan cuentas. Está mal que la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo trate de ocultar los actos terroristas de los grupos criminales y que siguen filtrando en las redes sociales sus videos de ejecuciones de los integrantes de otros grupos delictivos a quienes les disputan el control territorial de pueblos y territorios estatales.

También, llama la atención que muchos indocumentados de otros países se estén incorporando a estos grupos delictivos como se ha ido acreditando y que están ingresando por la frontera sur, que prácticamente está fuera de control. Se requiere mayor control en los límites entre Chiapas y Guatemala donde grupos de narcotraficantes ya se apoderaron de algunos territorios. Si no se actúa con prontitud, eso es una bomba de tiempo.