Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El menosprecio de López Obrador a la carrera judicial  

El 7 de abril de 2005, es una fecha que jamás olvidará Andrés Manuel López Obrador. Fue cuando el Congreso de la Unión lo desaforó. Esto, como consecuencia, de una resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en ese tiempo encabezada por el ministro Mariano Azuela Guitrón– por no haber respetado en su calidad de jefe de Gobierno del Distrito Federal, una suspensión definitiva de un amparo en favor de los propietarios del predio “El Encino” en Santa Fe, donde se pretendía construir una avenida.

Desde entonces, López Obrador ha venido descalificando a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Para él todos son corruptos y se han vendido a “la mafia del poder” de la que, por cierto, varios de los integrantes de su gabinete forman parte, pues muchos de ellos son priístas, ex priístas o hijos de priístas, como sus paisanos tabasqueños.

Ayer reconoció que sus colaboradores cabildearon con los ministros para que no otorgaran un amparo a empresarios que reclamaban por esa vía la devolución de impuestos. Dijo López Obrador:

“Se habló con los ministros de manera respetuosa; una cosa es ordenarles, otra cosa es presentar, como lo puede hace cualquier persona, argumentos, que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución.

Reveló que sobre este caso ya había un proyecto elaborado por un ministro para que se devolviera el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que exigían los ex accionistas, pero otros ministros votaron en contra. “Se dice, es que era sólo un caso, y sí, pero dejaba el precedente. Ya con una resolución así se hubieran venido en cascada otros asuntos”, especificó AMLO. Aseguró que casos como el anterior eran recurrentes en el pasado y pugnó porque “ojalá y se erradiquen”. Aunque reconoció que Grupo Modelo cumplió con sus responsabilidades fiscales, por lo que no “hay que generalizar”, pero “había la mala costumbre de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos o cuando los pagaban se les devolvían”.

López Obrador fue más allá al asegurar que debido a las pérdidas que generaban estas devoluciones fiscales, la Federación quitaba presupuesto a las partidas que se otorgaban a los estados y remató diciendo que “todo eso se acabó y el juez, magistrado que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado”. “Sabiendo que hubo una tranza no me quedaré callado, el pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”, señaló el presidente de la República.

Apenas la semana pasada, envío al Senado de la República la terna para la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejará a fines de mes la ministra chiapaneca Margarita Luna Ramos, quien llegó en el 2004, durante el sexenio de Vicente Fox.

En su propuesta, López Obrador envió una terna integrada por la doctora Loretta Ortiz, Celia Maya García, la novedad es Yasmín Esquivel Mossa. Loretta Ortiz, esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, es quizá la más calificada. Celia Maya, es la esposa del constructor José María Rioboó, quien ha hecho parte importante de su fortuna al amparo de López Obrador pues construyó los segundos pisos del Periférico, sin licitación, cuando el tabasqueño fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Ese menosprecio de López Obrador hacia el Poder Judicial Federal se nota al no haber tomado en cuenta a ninguna magistrada en su propuesta para sustituir a la ministra Luna Ramos. Hay que recodar que el 45 por ciento de los magistrados federales son mujeres y en el pleno de la Suprema Corte solamente dos de las once plazas son mujeres, lo que muestra una gran desproporción.

Apenas el mes pasado, los senadores de la República, para cubrir la vacante que dejó en la Suprema Corte de Justicia, el ministro José Ramón Cossío Díaz, le concedieron a López Obrador el arribo de Luis González Alcántara Carrancá, quien fuera del padrinazgo del tabasqueño, tiene los atributos suficientes para poder ocupar la plaza de ministro, pues tiene experiencia no sólo como juez y magistrado, sino que también tiene experiencia como académico en la UNAM y es autor de varios libros especializados en derecho civil.

El arribo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, a principios de enero, traerá importantes cambios, incluso en los mecanismos de vigilancia para jueces y magistrados, que les gusta aceptar sobornos a través de sus empleados, utilizando complicados mecanismos para evitar su detección.

Uno de los cambios que hizo, es que puso como director de Comunicación Social en la Suprema Corte, a César Castillejos Rangel y en el Consejo de la Judicatura Federal, a Amadeo Díaz Moguel. La sacudida llegará también al Canal Judicial.

URZÚA Y SCHERER: EL PODER TRAS EL TRONO

Varios secretarios de Estado se han quejado que el secretario de Hacienda y el coordinador Jurídico de la Presidencia de la República, han impuesto a los coordinadores de Finanzas y a los encargados de los jurídicos de todas las dependencias. Es decir, que Carlos Urzúa y Julio Scherer Ibarra, tienen un poder ilimitado y son a los pocos a los que les hace caso López Obrador. Son el poder tras el trono. Ojalá que ese férreo control de poder no se convierta en una carga ni en una ineficiencia forma de administrar los fondos públicos, ni mucho menos en una rémora que generé mayores problemas burocráticos, pues se requiere contar con un gobierno eficaz, moderno, con sistemas de control automatizados que no requieran tanto papeleo y que los bancos de datos del personal, así como su historial, lo tengan a la mano, no sólo el ISSSTE, Hacienda, la Función Pública, sino también la propia Presidencia de la República.

Al cumplirse ya tres meses de su asunción a la Presidencia de la República, López Obrador, debe estar consciente de que ya cumplió con sus compromisos y que hay muchos en su gabinete que no han dado el ancho y no lo darán. Por ello, debe pensar en los relevos. Tiene personas que le son leales a él desde hace mucho tiempo y que no ha tomado en cuenta. Hay muchos ejemplos de ello.

No hace falta recodarle que una persona que no está preparada y es incapaz para ocupar un importante un cargo público, también es un acto de corrupción. Veremos.