Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

AMLO, la cuarta T, la Constitución y los miles de amparos en contra de sus arbitrarias disposiciones

Cuando perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón Hinojosa, Andrés Manuel López Obrador, decidió “mandar al Diablo” a las instituciones públicas. Doce años después, gana inobjetablemente la Presidencia de la República y millones de mexicanos esperábamos que rectificara, que encabezara un gobierno innovador, eficaz y tenaz, que llevara a cabo un cambio verdadero sin rencores pero con justicia, que redujera la brecha social y la desigualdad. Sin embargo, en siete meses que lleva al frente del gobierno federal, las cosas no están bien.

Los datos oficiales sobre homicidios dolosos en el primer semestre del año van al alza sin que las fuerzas armadas y las policías estatales y la federal logren frenar este fenómeno delictivo. Aunado a ello, todos los delitos graves, incluyendo los patrimoniales van al alza, incluyendo el secuestro y el robo con violencia. En cuanto al empleo y al crecimiento económico, las cosas tampoco marchan bien.

El IMSS reportó que la creación de empleos formales en mayo fue 88 por ciento menor al mismo mes del año pasado. El desplome en la creación de empleos es consecuencia de la caída del crecimiento de la economía y los bancos internacionales bajan la perspectiva de crecimiento de la economía nacional para este año y el pronóstico bordea entre el uno por ciento o menos.

Aunado a ello, López Obrador está utilizando sus conferencias de prensa mañaneras desde Palacio Nacional para descalificar cualquier cifra que demuestre que su gobierno no está funcionando y destila odio y rencor en contra de sus antecesores en lugar de promover la unidad nacional para salir adelante.

En ese contexto, el pasado domingo, al finalizar la primera subasta pública de inmuebles a abandonados y confiscados a martillo abierto, que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), realizó, y en la cual se lograron vender únicamente nueve de los 27 bienes subastados, el director de dicha institución, Ricardo Rodríguez Vargas, señaló que la cantidad recaudada será destinada a dos municipios con mayor marginación del estado de Guerrero.

Pero el artículo 250 del Código Nacional De Procedimientos Penales, establece que los fondos que se obtengan de los decomisos a la delincuencia organizada, tienen un destino específico. Dicho artículo establece lo siguiente:

Artículo 250.- Decomiso. La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.”

Pero el director del SAE sorprendiendo al Presidente al señalar que el dinero recaudado por la venta de inmuebles será para obras sociales. Lo que resulta indignante no es por el destino del dinero sino porque de nueva cuenta se vuelve a violentar el Estado de Derecho, ya que el resultado de esas compraventas está etiquetado para varias instituciones y no para ejercerse en obras sociales por lo que de nueva cuenta incurre en la comisión de un delito.

¿Hasta cuándo comprenderán los de la Cuarta Transformación que tienen que respetar las leyes?

En ese sentido, El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver, después de regresar de vacaciones –luego de la segunda quincena de julio–, miles de amparos que se han interpuesto en contra de diversas medidas que ha tomado el gobierno de López Obrador. Se espera que el Ejecutivo Federal acate las resoluciones porque si no lo hace, va a mostrar que su gobierno es una dictadura que no le importa violar la Constitución y las leyes federales secundarias.

Los miles de amparos interpuestos que se han venido a concentrar en los juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Palacio Judicial de San Lázaro y cuya resolución definitiva recaerá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son en contra de la Ley de Remuneraciones, la cancelación de subsidios directos a las estancias infantiles, los despidos masivos en la burocracia, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, el proyecto de ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación de los megaproyectos en las comunidades indígenas y las zonas económicas exclusivas en los estados más pobres y más marginados al sureste del país, entre otros temas.

Hay amparos también en contra de la decisión del gobierno federal de tratar de controlar la distribución de fertilizante, cuando la compra y distribución la estaban llevando a cabo los gobiernos estatales y los ayuntamientos. Pero en el caso concreto del estado de Guerrero, inexplicablemente el gobierno de Héctor Astudillo Flores, tienen tres años de retraso en el pago de los fertilizantes a las empresas. Es decir, que funcionarios del gobierno de Guerrero, o se robaron o desviaron los recursos para el pago de los fertilizantes.

Y es que, el pasado 19 de junio, Jorge Gage Francois, coordinador nacional de Fertilizante del gobierno  de la República, señaló públicamente que el retraso en la entrega del fertilizante gratuito, comprometida a Guerrero por el Presidente  Andrés Manuel López Obrador, se debe a «resistencias», debido a que campesinos de Guerrero lo han utilizado para la siembra de amapola.

El gobernador Héctor Astudillo, consideró que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe conocer más a fondo cuál ha sido la operación del Programa de Fertilizante, “pues lo llenaron de prejuicios y endemoniaron como si todo el que recibe el fertilizante es alguien que está fuera de la ley y eso no es verdad”, sostuvo.

Astudillo puntualizó que lo que se siembra en Guerrero es maíz, arroz, frijol, mango, coco, y también, «estamos conscientes que hay siembra de amapola pero pensar que el programa de fertilizantes solamente sirve para actividades ilícitas es una verdadera aberración y es un agravio a los campesinos de Guerrero», adujo. Lo que no dice, es porque no le han pagado a las empresas el fertilizante entregado en años anteriores.