Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar l.

Asesinatos de periodistas no se esclarecen y sigue galopante la impunidad

En una carta al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, directivos de nueve organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión, le solicitaron que reciba a los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de investigar el creciente número de ataques contra periodistas en México.

La misiva, suscrita por Vincent Peyrégne, director general de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias; Christophe Deloire, director general, Reporteros sin Fronteras; Thomas Hughes, director ejecutivo, Artículo19; Joyce Barnathan, presidente del Centro Internacional de Periodistas; Jaime Abello, director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez; Bruce Shapiro, director ejecutivo del Centro Dart para el Periodismo y el Trauma, en la Universidad de Columbia; Tina Carr, directora de Rory Peck Trust; Carlos Lauría, director de Programa y Coordinador Senior de Programa Las Américas, del Comité para la Protección de los Periodistas, y Carlos Ponce, director regional de América Latina y el Caribe de Freedom House, se pide aceptar a ambos relatores que ya han hecho una solicitud oficial para visitar México, pero que dicha petición sigue sin contestarse hasta ahora.

Al presidente Enrique Peña Nieto, las organizaciones citadas expresaron su consternación por los recientes asesinatos de periodistas mexicanos: “Señor Presidente, la violencia debe cesar. México es considerado como uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo, superado sólo por los estados devastados por la guerra. Es una situación intolerable para un país que se enorgullece de sus esfuerzos por promover el desarrollo político, económico y social”.

Por ello, solicitan al Presidente Peña Nieto que tome medidas concretas, efectivas e inmediatas, pues durante varios años los periodistas en México han enfrentado niveles crecientes de violencia, intimidación y asesinatos.

“Las organizaciones que representamos han denunciado repetidas veces y con fuerza la falta de protección que se les ha concedido a los periodistas para hacer su trabajo de manera segura y libre, ya sea que abarque el crimen organizado, los asuntos políticos o la corrupción”, sostienen en su misiva.

Mientras en Michoacán, se da cuenta de las declaraciones y filtraciones provenientes de la Procuraduría de Justicia del estado que vinculan la desaparición del periodista Salvador Adame con razones de índole personal, mientras que su familia revira que nos les permiten acceso a la carpeta de investigación, ni tampoco les han informado sobre el avance de las pesquisas sobre su levantamiento.

Tras el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez, fundador del Semanario Ríodoce, medios y periodistas independientes han convocado diversas protestas para exigir justicia por el crimen y frenar la impunidad.

La impunidad mata a periodistas: 4 homicidios en mes y medio; aún no hay culpables detenidos ni mucho menos sentenciados.

En México, vivimos una crisis de gobierno -–federal, estatales y municipales–, que se ha venido acrecentar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el cual los tres niveles de gobierno, a lo largo de una década, no hicieron su trabajo y apresuraron su implementación sin haber realizado una eficaz capacitación para policías y fiscales. Los resultados están a la vista. De cada cien delitos, las autoridades esclarecen cuando mucho solamente tres. Eso es lo grave. La impunidad.

Y a eso, habría que sumar que los niveles de violencia se han venido acrecentando a lo largo de los meses y la desigualdad social no se ha atendido de manera adecuada, pues los programas sociales, se siguen manejando de manera tramposa, con fines electoreros y sin un sistema de evaluación que permita valorar su eficacia o si funcionan o no.