Continúa GPPAN desde el Congreso defensa de Anaya

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2018.- La polémica difusión del video que hizo la PGR del candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ha provocado una férrea defensa al panista desde la Cámara de Diputados, donde la diputada federal del PAN, Arlette Muñoz Cervantes, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, con el fin de endurecer las sanciones en contra de los servidores públicos que usen los datos personales de manera discrecional; insistió en que el Gobierno Federal está utilizando las instituciones con fines políticos.

Por ello, planteó en su iniciativa que los servidores públicos que incurran en la divulgación de información personal registrada a través de cualquier medio, sin el consentimiento correspondiente, deben ser sancionados de manera ejemplar e incluso ser inhabilitados de manera permanente.

“Al usar las instituciones con fines políticos sólo se vulnera el Estado de derecho que debe prevalecer en un proceso electoral, y aumenta incertidumbre. Hoy es Ricardo Anaya el blanco de las filtraciones de la Procuraduría General de la República, pero si toleramos estas prácticas, la información personal de los mexicanos puede ser usada a conveniencia y de manera discrecional”, enfatizó.

La iniciativa presentada por Muñoz Cervantes, adiciona un Artículo 55 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer como una falta grave el que los servidores públicos divulguen o faciliten información sin el consentimiento del involucrado.

Asimismo, se adiciona un Artículo 82 Bis y un párrafo al Artículo 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para prohibir que los responsables del manejo de datos personales divulguen información sobre una averiguación y/o carpeta de investigación.

Por lo que su propuesta señala que quienes incurran en las acciones antes descritas, se les fijará responsabilidad directa y, se endurecen las sanciones administrativas para los que incurran en la divulgación de datos, así como de grabaciones de audio y video, “por causas distintas a los supuestos de excepción contemplados en la ley”, indica el documento.

Muñoz Cervantes hizo un exhorto al Gobierno de la República para que privilegie la institucionalidad y deje que el curso del proceso electoral «corra bajo sus propios cauces», por lo que afirmó que son los candidatos y las autoridades electorales quienes deben marcar el ritmo del proceso, en los términos que la ley establece.

“Usar la información personal de forma discrecional en medio de las elecciones sólo vulnera el Estado de Derecho y genera incertidumbre en un proceso que ya de por sí es complejo por la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones”, apuntó.