Estiman CCE y Coparmex pérdida de un millón 500 mil empleos por crisis

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2020.- Legisladores de distintos Grupos Parlamentarios del Senado coincidieron en la necesidad de poner en marcha, lo más pronto posible, políticas públicas encaminadas a proteger a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, (MiPymes), durante y después de la pandemia por Covid 19, a fin de que se puedan mantener los empleos de miles de trabajadores en el País.

En mesa de diálogo virtual Protección del Empleo y del Ingreso de las Familias, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay “medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica”. 

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estimó una pérdida de hasta un millón 500 mil empleos formales.

De acuerdo con datos del Banco de México, la tasa de desempleo podría superar el 10.7 por ciento, lo que superaría a algunas de las crisis más fuertes vividas con anterioridad. Además, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde el 13 de marzo y hasta el 6 de abril se habían perdido casi 347 mil empleos formales de un universo de más de 20 millones.

Los integrantes de la Cámara Alta concordaron en la instauración de un Acuerdo Nacional para que todos los puntos de vista de la sociedad converjan en estrategias certeras para superar la crisis económica.

En su participación, la senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, advirtió que México atravesará por la peor crisis económica de su historia, por lo que será importante lograr un gran Acuerdo Nacional para usar todos los recursos que el país dispone y poner en marcha buenas políticas públicas.

La ex subsecretaria de Hacienda en el pasado sexenio señaló que país arrastra problemas económicos debido a dos problemas estructurales: la falta de confianza para la inversión privada; y la carencia de una estrategia que ayude al crecimiento del país. 

“Las respuestas del gobierno han quedado muy cortas”, criticó la priista, aunque avaló las medidas emprendidas por el Banco de México para respuesta a la crisis económica e inyectar liquidez a las MiPymes para evitar la falta de solvencia en éstas. Sin embargo, dijo que hace falta que el Gobierno Federal tenga mayores aportaciones fiscales, suficientes y responsables, para salir de la crisis económica.

El panista Damián Zepeda Vidales planteó establecer un Ingreso Único Universal, el cual consiste en una transferencia directa de tres mil 207 por mes a todos los trabajadores de México, sean formales o informales, mientras dure la emergencia sanitaria.

El senador del PAN detalló que cerca de 54 millones de mexicanos forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales alrededor del 60 por ciento se encuentran en la informalidad. 

Con este apoyo, señaló que se beneficiará a los mexicanos que no tienen ingresos en este momento y también a las empresas, ya que permitirá mantener miles de empleos.

El senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, dijo que aparte del combate a la emergencia sanitaria se debe atender la posible “pandemia del hambre”, por lo que es urgente reactivar la economía desde este momento para que las Pymes puedan mantener los empleos.

El morenista consideró necesario reactivar a las empresas productivas a través de tres acciones: duplicar los fondos de las instituciones de crédito a través de la banca comercial; diferir los impuestos y contribuciones sociales por 120 días para pagarlos el siguiente año; y diferir, también durante 120 días, el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Con estas propuestas, puntualizó que las pequeñas empresas podrán superar la crisis actual, pero también será necesario crear un Consejo de Reactivación Económica de las Cadenas Productivas, para atender los empleos generados por empresas extranjeras como la automotriz.

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y miembro de la bancada del PRI, señaló que el programa de reactivación económica presentado por el Presidente de la República, amparará a 20 millones de personas para finales de año. La prioridad debe ser, por el contrario, un plan para que cada vez haya menos gente que necesite amparo, sentenció.

Es fundamental la participación de los gobiernos estatales y del sector privado para la reactivación de la economía nacional, agregó. Y se debe dejar de lado las aspiraciones políticas y las ideologías para, en primer lugar, lograr acuerdos locales, y posteriormente llegar a un gran Acuerdo Nacional.