Se reunirá Sheinbaum con padres de los 43 normalistas el 4 de diciembre
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre de 2016.- En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción –9 de diciembre—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera que esa conducta es una práctica ilícita que, además de debilitar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, por sí misma implica o propicia la violación de derechos humanos, siendo un elemento que incide en que se preserven la injusticia, la pobreza, la exclusión y la desigualdad en nuestro país.
El hecho de que una autoridad, alejándose del cabal y debido ejercicio de sus atribuciones, condicione u oriente el sentido de su conducta a la obtención de un beneficio personal, es una cuestión que además de trasgredir la ley, afecta directamente los derechos de las personas y de la sociedad. La corrupción es un fenómeno complejo, que presenta múltiples facetas y dimensiones que se deben visibilizar y atender en todos los niveles para su prevención efectiva.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, México está ubicado en el número 95, con calificación de 35 puntos en el grado de corrupción en el sector público, con base en la percepción de empresarios y analistas, donde 100 puntos equivalen a la ausencia de dicho fenómeno y cero puntos indica la percepción de muy corrupto.
México está por encima de países como Bolivia, Argentina, Honduras, Rusia, Mozambique, Paraguay y Nigeria, y debajo de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Japón y España.
De nada o muy poco servirá el amplio reconocimiento que tienen los derechos humanos en nuestra Constitución si no emprendemos acciones eficaces, integrales y decididas contra este fenómeno que impide que las leyes se apliquen y cumplan; que las víctimas lleguen a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho; que los recursos públicos se destinen y aprovechen íntegra y debidamente; y que México acceda a mejores niveles de desarrollo y calidad de vida.
La lucha contra la corrupción es un asunto prioritario para México, lo cual demanda que, tanto autoridades como sociedad, asumamos un compromiso real para la construcción de un verdadero Estado de Derecho, que con sustento en los principios de transparencia y rendición de cuentas genere un entorno propicio para la convivencia pacífica entre las mexicanas y mexicanos, donde los derechos que las normas reconocen sean vigentes, exista un real y efectivo acceso a la justicia e imperen el respeto y la solidaridad entre las personas.