CIUDAD DE MÉXICO, 1 de junio de 2020.- La emergencia sanitaria por Coronavirus dejó fuera del  escrutinio público numerosas  decisiones ilegales o de dudosa ilegalidad, advierte Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el artículo titulado La ilegalidad presidencial en tiempos del Coronavirus, señala que toda la atención se centró en el Covid 19 y todo lo demás parece irrelevante.

"Prácticamente no hay conferencia mañanera  del presidente de México en la que no se diga que al fin vivimos en un país de leyes:  al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.  Por fin ha llegado el estado de derecho, dice el presidente.  Pero hay otros datos.

La discusión pública está  concentrada en la   emergencia sanitaria y  económica. Todo lo demás  parece irrelevante. Son tiempos propicios para que las autoridades estén   menos  vigiladas y  puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas", se lee en el texto firmado por María Amparo Casar y Gerardo Carrasco.

Por ejemplo, afirman, en los códigos penales y en las leyes de responsabilidad se configuran los delitos y faltas de servidores públicos “por acción”.

Así, enumeran las omisiones que durante esta etapa se han registrado:


 1. Tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General

  El Consejo General de Salubridad, cuya creación se prevé en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución, tiene competencia para clasificar  nuevas enfermedades como transmisibles y de vigilancia epidemiológica. Tiene también  el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, obligatorias en el país.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como  pandemia. Su director general recordó a todos los países “la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus”. Aconsejó estar en “permanente contacto con su población de riesgo y alertarles de cómo protegerse”. También “localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto”. En México no se atendió la recomendación. No fue sino hasta el día 23  de marzo cuando se reunió el Consejo  General de Salubridad para declarar   al COVID-19   enfermedad grave de emergencia y atención prioritaria. El 31 de marzo  se declaró la emergencia sanitaria. ¡Tres semanas después de haber sido declarada la pandemia!

2. Adquisición de medicamentos y equipo médico

  Desde el inicio del sexenio fue clara la falta de previsión en la adquisición de medicamentos para el sector salud  por   ineptitud en el proceso de compras consolidadas que se asignó a la SHCP y por la omisión de COFEPRIS sobre las reglas para importar medicamentos. La ineficiencia se agudizó con la pandemia,  provocó escasez en el equipo indispensable para que el personal médico  pudiera atender, con la protección necesaria, a  los contagiados que requerían hospitalización. Lo mismo puede decirse  del bajísimo número de pruebas aplicadas para identificar el Covid-19. Al 27 de abril, México había aplicado sólo 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes (la media de los 36 países de la OCDE está en 22 por cada 1,000).

3. Falta de apoyo a migrantes

Una omisión notable ha sido la falta de apoyo a albergues de migrantes en ambas fronteras. El propio coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación reconoció que el gobierno ha sido omiso en tomar las medidas de salubridad pertinentes y en reubicar a los migrantes.

4. Transparencia y manejo de recursos públicos

Sigue existiendo una gran omisión en  el principio de máxima publicidad sobre uso de recursos públicos.  El último censo   sobre   las condiciones  del sector  salud es de 2018 y no se ha actualizado. 

No hay padrones consultables de los beneficiarios de los programas sociales que serán ampliados, ni sobre los 3 millones de créditos anunciados en la emergencia,  “sin necesidad de garantías”, para las MiPyMES. 

Con todo y la frecuencia cotidiana de las conferencias “matutinas” y “vespertinas” las cifras que da el gobierno son cuestionables y parciales. Peor, no hay manera de someterlas a escrutinio.

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