Crimen de Roxana golpea a democracia: Academia de la Comunicación

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026.- La Academia Mexicana de la Comunicación (AMC) elevó este lunes el tono de su condena por el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez y exigió al Estado mexicano esclarecer plenamente el crimen, detener a todos los responsables materiales e intelectuales y garantizar, de una vez por todas, condiciones reales de seguridad para el ejercicio periodístico en el país.

En un posicionamiento firmado por su presidenta, la doctora Lidia Camacho, la institución calificó el asesinato de la comunicadora como un atentado no sólo contra una persona, sino contra la libertad de expresión y la vida democrática de México, en un contexto en el que la violencia contra periodistas continúa siendo una de las principales deudas del Estado mexicano.

“La violencia contra el periodismo es un ataque directo a la libertad de expresión y a la vida democrática del país”, señaló la Academia al resaltar que los restos de Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron identificados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El pronunciamiento ocurre después de que autoridades veracruzanas confirmaran la identidad de la periodista, cuyo caso provocó indignación nacional y reavivó las alertas sobre la vulnerabilidad de quienes ejercen labores informativas en México, particularmente en entidades con antecedentes de violencia contra la prensa.

Este crimen se suma a la inadmisible lista de comunicadoras y comunicadores asesinados en México por ejercer su labor informativa”, sostuvo la AMC, al advertir que ya no basta con la condena pública ni con expresiones de solidaridad institucional.

La Academia reconoció que algunos de los presuntos autores materiales han sido detenidos; sin embargo, exigió que las investigaciones avancen hasta el esclarecimiento total de los hechos, incluyendo la identificación y sanción de posibles autores intelectuales.

La exigencia no es menor. Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han documentado durante años altos niveles de impunidad en los delitos cometidos contra periodistas en México. Diversos informes de organismos especializados han advertido que la falta de castigo efectivo contribuye a la repetición sistemática de agresiones contra el gremio.

Veracruz, además, ha ocupado históricamente un lugar particularmente sensible en el mapa nacional de violencia contra periodistas. En las últimas dos décadas, administraciones estatales de distintos signos políticos han enfrentado severos cuestionamientos por homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones contra profesionales de la información, convirtiendo a la entidad en uno de los principales símbolos de la fragilidad de las garantías para el ejercicio periodístico.

Reiteramos que no basta con condenar. Es obligación del Estado garantizar condiciones de seguridad para que las y los periodistas ejerzan su trabajo sin miedo y sin amenazas”, subrayó la doctora Lidia Camacho en el posicionamiento institucional.

La Academia Mexicana de la Comunicación añadió que la protección de quienes informan es indispensable para sostener una sociedad libre y democrática, y advirtió que cada agresión contra un periodista representa una derrota colectiva para las instituciones, el Estado de derecho y la ciudadanía.

Mientras familiares, colegas y organizaciones civiles exigen justicia para Roxana Berenice Guzmán Ramírez, el caso vuelve a colocar a México frente a una pregunta incómoda y recurrente: cuántas muertes más deberán acumularse para que el ejercicio periodístico deje de ser una actividad de alto riesgo.