Critican defensores y periodistas mecanismo de protección

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2017.- El defensor de bosques en Xochicuautla, Estado de México, Armando García Salazar, explicó cómo deben hacerle defensores de derechos humanos y periodistas para ser tomados en cuenta dentro del contexto de las amenazas.

“Para que alguien cuente tienen que matarlo, asesinarlo o desaparecerlo, sólo así cuenta en este país”, dijo durante el informe Protección Integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la Deuda del Estado mexicano.

Salazar García es un opositor a la construcción de la autopista Toluca Naucalpan, proyecto que dañaría a su comunidad otomí, y está protegido por el Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Recordó que el 11 de abril de 2016 usó el llamado botón de auxilio del mecanismo para avisar que su casa iba a ser derrumbada por trabajadores de la constructora encargada del proyecto.

La casa fue demolida en tres horas sin que nadie lo auxiliara ni apareciera ningún policía estatal; agregó que tampoco dan rondines integrantes de la policía estatal en la comunidad, como se supone debía pasar.

“Defender un bosque, un manantial o la tierra misma, eso está tipificado como un delito. Eso es triste para alguien que ama no a todo un país sino en sí a la humanidad y al mundo entero”, expresó ante la mirada del subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, quien asistió al evento celebrado en el Claustro de Sor Juana.

No fue la única queja que el funcionario federal debió escuchar sobre el funcionamiento del mecanismo.

La activista contra la minería, Norma Garduño, quien también es beneficiaria del mecanismo, contó que ella está dentro luego de que en 2013 recibió amenazas e incluso fue privada de su libertad, al oponerse al proyecto de una empresa canadiense que abarcaba tres municipios y buscaba despojar a pueblos de su territorio.

A lo largo de cuatro años se cambió de estado, pero las amenazas han seguido, han entrado a su casa, ha recibido amenazas virtuales y por un robo quedó sin documentos oficiales y no pudo inscribir a su hija a la escuela.

La mudanza de casa tuvo otras consecuencias como que su familia se empobreció al ocuparse el dinero en el cambio y perdieron fuentes de empleo y de ingreso.

“Los pocos ahorros que teníamos como familia se fueron y además están endeudados”.

Decidió regresar a Morelos y entonces pidió ayuda al Centro de Atención a Víctimas (CEAV) estatal y ahí les explicó que había sufrido de desplazamiento forzado; el CEAV le pidió constancia de que era defensora, así como de su desplazamiento. Garduño les hizo ver que si se fue a otro estado por las amenazas quedaba claro que era por desplazamiento.

Entonces habló al mecanismo, y la encargada de atender esa temática le contestó que tenía dos días de ingreso a esa área y que no tenía documentado de que el Mecanismo sugirió el desplazamiento.

“Si es así entonces por qué hay medidas que lo prolonga”, le reviró.

En su turno, el subsecretario Campa reconoció que los cuestionamientos habían sido duros, pero recordó que el mecanismo tiene una junta de gobierno con dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) y con representantes de la sociedad civil y las decisiones se toman en conjunto.

Se refirió a ambos casos expuestos minutos antes e informó que en el caso de Xochicuautla el operativo donde fue derrumbada la casa del doctor ya se reparó el daño y se busca un acuerdo para el caso, y respecto a Garduño explicó que tiene que ver con temas de la vida diaria, aunque previamente reconoció que hubo rotación de personal en el mecanismo.