Juego de ojos
Cuando la violencia rebasa a la protesta, la democracia pierde. Lo ocurrido el lunes 15 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México no puede verse como un simple incidente ni como una anécdota parlamentaria; fue un síntoma. Un reflejo preocupante de la etapa que estamos atravesando: una donde la mayoría absoluta ha decidido imponer, cerrar el diálogo y avanzar sin contrapesos, aun a costa de erosionar la vida democrática que tanto trabajo costó construir.
La escena fue lamentable, no solo por las agresiones físicas, sino por lo que simboliza. El Congreso debería ser el espacio donde las diferencias se procesan con argumentos, no con empujones. Cuando la violencia entra al recinto legislativo, algo más profundo ya se ha roto: la disposición a escuchar, a debatir y a reconocer que, en democracia, nadie posee la verdad absoluta.
Es importante decirlo con claridad: violencia y protesta no son lo mismo. Confundirlas es peligroso y profundamente irresponsable. La protesta es una expresión legítima de inconformidad social; es un derecho que ha permitido conquistar libertades, visibilizar injusticias y ampliar derechos. La violencia, en cambio, no amplifica causas: las deslegitima. No construye mayorías sociales: las fractura. No fortalece instituciones: las debilita.
Vivimos un momento en el que el poder parece más preocupado por preservarse que por dialogar. Se han cancelado deliberadamente los espacios de consenso y se han impulsado reformas que atentan contra instituciones que, durante más de treinta años, costaron esfuerzo, negociación y pluralidad. Eran perfectibles, por supuesto, pero la alternativa ha sido peor: no solo canceló los avances, sino que retrocedió a una época oscura del país que pensamos que no volvería.
Frente a ese cierre autoritario, la tentación de justificar la violencia como respuesta podría ser comprensible, pero es profundamente equivocada. Porque cuando la política se vuelve fuerza física, deja de ser política. Y cuando el desacuerdo se expresa a golpes, la democracia pierde sentido.
Desde Movimiento Ciudadano tenemos una convicción clara: el cambio no se impone, se construye. Y se hace de abajo hacia arriba, con ciudadanía organizada, con causas auténticas, con votos, con participación y con contundencia en las urnas. No creemos en la violencia como herramienta de transformación. No la justificamos, no la avalamos y no la romantizamos, aunque entendamos el enojo que muchos sienten frente a un gobierno que ya no escucha.
La protesta debe ser la herramienta para el cambio, pero por la vía pacífica, abierta e incluyente. Debe recuperar la calle como espacio de expresión ciudadana, no como escenario de confrontación ni como pantalla de partido. Las causas genuinas no necesitan agresiones para ser legítimas; necesitan razones, organización y respaldo social. Cada vez que la violencia se cuela en una protesta o en un debate institucional, se le regala al poder la excusa perfecta para descalificar el fondo y concentrarse en la forma.
Eso es, quizá, lo más grave de lo ocurrido: que en lugar de discutir el contenido de las decisiones que están debilitando a nuestras instituciones, terminamos hablando de empujones, gritos y agresiones. Ese desvío no es casual; es funcional para quienes prefieren el ruido al debate de fondo.
La democracia se defiende con firmeza, sí, pero también con responsabilidad. Con convicción, pero sin perder el rumbo. Hoy más que nunca necesitamos reivindicar la diferencia entre protestar y agredir, entre resistir y destruir, entre confrontar ideas y anular al otro. Si permitimos que la violencia sustituya al debate, habremos perdido mucho más que una sesión legislativa. Habremos normalizado que el poder se ejerza sin diálogo y que la política deje de ser el espacio donde las diferencias se transforman en acuerdos.
Y eso, simplemente, no nos lo podemos permitir.




