Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

De gobernadores sinvergüenza y de la nueva crítica

Uno de los mayores logros de la propaganda es hacer creer a la mayoría de la población que los intereses que ella promueve corresponden con los de esa mayoría.

La propagada que ahora critica la posibilidad de nombrar a coordinadora estatales para supervisar el erario federal destinado a todas las entidades, disminuir la corrupción y establecer criterios verificables de uso apropiado del presupuesto es probable que no tenga éxito fácilmente.

La principal razón es que hay abundancia de datos y experiencia sobre el actuar de gobernadores corruptos o incompetentes y no hay evidencia alguna de una política pública sistemática, hasta ahora, entre los años 40 y este 2018, de que hayan existido medidas de control eficientes de la codicia d los gobernadores.

Un gobierno con amplia legitimidad y con voluntad política de controlar los abusos de los gobernadores pues por tanto tener éxito en diezmar la corrupción d los mandatarios estatales.

Ante la inhabilitación de los sistemas de rendición de cuentas y la simulación en que se han convertido, parcial o totalmente, las políticas de contraloría, auditorías y de transparencia, la decisión de iniciar un principio de orden con el nombramiento de coordinadores estatales puede ser bienvenida mientras sea transparente, supervisada y genere resultados de acuerdo a su diseño y propósito.

Es inevitable asumir que ante los vestigios de corrupción y abierto latrocinio de la mayoría de los gobernadores, de todos los partidos, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador hace indispensable considerar a los coordinadores estatales como un principio de orden groseramente faltante en la supervisión de la política pública de entidades que no son capaces de generar ni sus propios recursos ni sus propios controles.

Debe recordarse que las entidades emplean en su gasto recursos que son en un 80 por ciento de origen federal y que hasta este año, se había concedido sin mayor exigencia a los gobernadores lo que pedían sin supervisión alguna. Ellos amenazaban, si acaso, con retirarse de obstaculizar lo que pudiera dañar la gobernabilidad.

Debajo de la coartada de la autonomía del poder local, se ha multiplicado en todo el país durante décadas el robo descarado al presupuesto vía empresas de las familias de poder, amigos de los hijos de los gobernadores y asignación de la obra pública a personajes con quienes los mandatarios estatales convienen en la mayor opacidad.

Los gobernadores prácticamente nunca han sido garantes del federalismo ni financiero ni político. Tampoco de comportamiento ético.

Deberemos observar si con los coordinadores estatales, a partir de diciembre, se sujetan a controles.

Hasta ahora, antes y después de la victoria panista del 2000 contra el PRI, los gobernadores básicamente hacen lo que su relación con el poder central y su inteligencia manipuladora y administrativa les permita realizar con toda impunidad.

Desde hace décadas a los gobernadores se les refiere como “goberladrones” y no hay muchas excepciones al adjetivo bruscamente generalizante. La Conago fue un instrumento para encubrir el desmantelamiento de las responsabilidades políticas de los gobiernos federales para con el resto del país en la relación con el presupuesto y con la ley.  No se ve clara su necesidad ni su utilidad ahora.

Nunca fue foro para destacar el incumplimiento de políticas públicas o las corruptelas e incompetencias de sus integrantes. Había un acuerdo político personalista para proteger los virreinatos de vandalismo de sus integrantes.

Ahora es el tiempo de la supervisión que podría ejercerse sobre personajes como Alfredo del Mazo o Enrique Álfaro, cuya procedencia y modo de actuar podría tener gran semejanza con el modelo de opacidad que Morena busca desaparecer del país.

Apostemos por el uso transparente del erario y el cumplimiento del Estado de Derecho en todo el país.

@guerrerochipres