Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Incendiar la catedral constitucional

Por: Salvador Guerrero Chiprés

Vimos caer la aguja gótica. Derrumbarse el prejuicio de las capacidades francesas de previsión  civil, de sus bomberos, sus habilidades elementales para proteger un tesoro arquitectónico.

Vimos a los parisinos fallar en la defensa de un símbolo fundamental de su patrimonio cultural.

En México lo único que puede derrumbarse asemejándose a ello es la perdurable fortaleza de una constitución reformada 600 veces, si es que falla la atención de crisis de nuestra matrona legal y si es que todavía podemos hallar en ella algo puro y catedralicio.

El debate al que prendió fuego inicial el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece tener la potencia para incendiar la sacrosanta catedral de nuestra madre de todas las leyes.

Para formalizar la terminación de la “perniciosa” reforma educativa construida por el PRI y sus aliados en el sexenio pasado es necesaria otra reforma constitucional, dicen los adversarios y algunos amigos y cercanos del detentado del poder nacional.

La reforma promovida durante el sexenio pasado es considerada “punitiva” por sus detractores, a ambos lados del oficialismo priísta de entonces, desde las filas del gordillismo o desde la CNTE, dicen quienes defienden las convenciones.

El Presidente, dicen sus críticos, no puede suspender la vigencia de un acuerdo constitucional.

¿Puede el poder hacer sentir su ley o puede la ley hacer sentir su poder?

Al estilo del presidencialismo estadounidense, López Obrador reta con que las cosas se pueden resolver -cuando se atoran o es demasiado lento el proceso legislativo- con documentos administrativos que tienen el impacto concreto de nulificar ciertos acuerdos y/o contraindicaciones que provengan de las mayorías adversarias en los cuerpos legislativos.

Mandatarios como Bill Clinton y Obama, por ejemplo, acudieron al expediente de gobernar con una especie de “decretos” que les posibilitó deshacerse de mayorías adversarias a las cuales se calificó de “obstruccionistas”.

Es interesante que en contraste con el más reciente mandatario demócrata, AMLO tiene poder, popularidad, mayoría en la representación popular y su partido aumentará en las elecciones por venir el número de entidades gobernadas bajo la franquicia de Morena.

Todo al mismo tiempo…y sin tiempo para esperar porque, dice el político tabasqueño, hay que hacer dos sexenios en uno.

El presidente López Obrador instruyó a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, suspender los efectos de la “mal llamada” reforma educativa que unió en contra de ella a tiros y troyanos del escenario político que han sido sustituidos aplastantemente por un incipiente nuevo régimen.

La argumentación del memorándum que incendió la pradera de las buenas conciencias constitucionales es inicial y fundamentalmente calificativa en el sentido de que descarta la validez de la reforma educativa situándola en el entorno “neoliberal” generador de “pobreza, violencia, corrupción y malestar social”.

La prensa amiga y enemiga hace notar que el Presidente podría estar ante un grave error, básicamente, como cualquier abogado está en disposición de sugerir, porque falta “fundar y motivar” las razones de la suspensión de la reforma la cual solamente podría, sostienen, ser detenida y anulada por otra reforma constitucional.

Es probable que quienes aconsejaron al Presidente aplicar un decreto “que no lo tiene ni Obama” sepan que tienen la probabilidad de ganar en la acción aunque puedan salir empatados o incluso perder en la discusión acerca de la validez de lo normativo.

A fin de cuentas, la ley es formalización del poder y si el poder tiene prisa puede dictar un memorándum que decrete la ausencia de vida de algo que ya está muerto.

El poder presidencial podría sin embargo acarrear otros derrumbes, si se demostrará que carece de razón y lo más importante, de respaldo.

Estamos lejos de ello.

@guerrerochipres