Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Policías y manifestantes

@guerrerochipres

Al cumplirse año y medio de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum dio a conocer el protocolo de tratamiento policial que cumplirá dos objetivos centrales: consolidar la centralidad de los Derechos Humanos para todos y la garantía de la seguridad a la integridad y los bienes de las personas cuando los cuerpos policiales atienden manifestaciones.

El proceso culmina un mes de diálogo entre organismos diversos, locales e internacionales, así como de las autoridades que subrayaron su total inaceptabilidad del abuso policial. Las mismas que también perciben la sensibilidad generalizada y reprobatoria de los capitalinos en relación con la violencia de algunos de los manifestantes en contra de peatones o periodistas, propiedades y monumentos.

El Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgredan el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones dado a conocer este lunes aspira a más que lo que su largo nombre ya enuncia.

En esa aspiración indispensable de cumplir en una ciudad que debate, observa, resuelve y vuelve a debatir, destacan los principios que armonizan los estándares internacionales con la norma de la capital nacional de acuerdo a la presentación realizada por al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la capital nacional, Nashieli Ramírez: absoluta necesidad del uso de la fuerza, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y verificación.

El Gobierno de la Ciudad de México desahogó el tema pendiente después del punto climático alcanzado luego del abuso policial en contra de una manifestante en junio.

La respuesta de Sheinbaum fue inmediata el mismo día: una reprobación al exceso policial que fue seguida del compromiso de revisión de los protocolos de uso legítimo de la fuerza. Estos condicionan lo que puede y debe hacer la policía en circunstancias dinámicas, complejas y saturadas de un ánimo de politización en que aquello que haga o deje de hacer la policía es inmediatamente trasladado con juicio directo a la gestión del conjunto del gobierno.

El complemento del protocolo de uso legítimo de la fuerza vigente, otra forma de identificar el Acuerdo, es semejante al de todas las comunidades policiales civilizadas del mundo que respetan y ejercen su labor de prevención y contención como una manera de, como bien lo dijo el secretario de Gobierno José Alfonso Fernández del Real, “ser garantes de los derechos humanos de todos”.

Sin excepción, en países donde se ha consolidado la construcción de un pleno Estado de Derecho, se formaliza la actuación institucional de la policía y se tiende a respetar más a los policías de lo que ocurre en México.

En la medida en que el protocolo recientemente presentado sea una herramienta vigente para garantizar los derechos de los manifestantes, pero también de los periodistas, los peatones o de los propietarios de domicilios particulares o empresariales, será contundentemente evidente su utilidad y pertinencia.