Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Ilegalidad y ambigüedad de la PGR y de Anaya

¿Puede demostrar Ricardo Anaya que actuó correctamente en la venta del predio de Querétaro que es el centro del debate?

¿Puede la PGR demostrar que tiene evidencia para llevarlo a juicio y si es así por qué no lo hace?

¿Qué detiene al frente del PAN y el PRI para esclarecer la andanada “brutal” en contra de su candi-dato?

Ricardo Anaya en realidad podría resolver el tema del que le acusa la PGR y el PRI con sencillez y transparencia.

Podría entregar a la opinión pública todos los documentos relacionados con la transacción, inclui-dos aquellos que indican en cuánto la compró y de quién y en cuánto la vendió y a quién y los co-rrespondientes pagos de impuestos, como sugiere bien la comunidad anticorrupción y varios perio-distas.

Desde un punto de vista legal, es la autoridad -en este caso la PGR- la instancia obligada a demos-trar culpabilidad. Desde el punto de vista de la opinión pública la situación es ambigua y requiere una intervención no solamente asertiva sino lógica -línea de tiempo de sucesos con documentos- y transparente.

Si Anaya mostrara y demostrara documentos sabríamos si recibió una utilidad ilegítima o ilegal o no.

Especialmente, conoceríamos el detalle de sí compró un terreno que debería usarse para el desarro-llo de una instalación de interés público y de si lo vendió o no, a pesar de ello, para incrementar su hacienda familiar.

A muchos mexicanos les llama la atención que pudiendo ser transparente con inmediatez y contun-dencia Anaya haya decidido no serlo.

De la misma manera, a muchos más nos parece que el tono de la campaña de José Meade, del lide-razgo formal del PRI y del propio presidente Enrique Peña, evidencia uso arbitrario del poder.

Haber decidido, sin demostración  contundente iniciar la persecución legal y la cacería mediática contra el aspirante presidencial panista que le arrebató al PRI el segundo lugar en las preferencias electorales, debería ser acompañado -igualmente como Anaya debería hacerlo para demostrar su inocencia- con acciones formales contundentes por parte de la PGR.

Para el PRI es indispensable arrollar a Anaya antes de pensar siquiera en disputarle a Andrés Ma-nuel López Obrador el primer sitio de las preferencias rumbo al 1 de julio. Sin ese atropellamiento en las inclinaciones de voto, la sobrevivencia del PRI comenzará a redefinirse a la baja a partir del 2019.

Ni impunidad ni corrupción deberían permitirse en un mundo ideal; ni arbitrariedad ni maniobras auto victimizantes deberían influir en el centro de la elección.

México no es un país competitivo en Estado de Derecho, tampoco lo es en trasparencia ni en com-bate a la impunidad.

En elecciones, aquellos que se benefician de esas prácticas reprobables acuden a ellas como lo ha-cen a lo largo de los sexenios en contra del ciudadano indefenso.

Anaya no es un ciudadano indefenso y el PRI no es un partido de blancas palomitas.

En paráfrasis de un promocional de radio: son “lo que son”.

confianzafundada.mx