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Persiste crisis de desapariciones forzadas en México

El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hasta este año se ha denunciado la desaparición de 132 mil 534 personas, de las cuales 130 mil 178 corresponden a casos de los últimos 20 años. Más de 200 colectivos intentan dar con pistas sobre las víctimas mientras que las autoridades han hecho poco, falta coordinación entre entidades de búsqueda, fortalecer sistemas para la identificación humana, la procuración de justicia es insuficiente. Los organismos civiles siguen buscando con sus propios medios. La crisis de desapariciones en México tuvo eco durante el Mundial de Fútbol, madres buscadoras repartieron volantes con los rostros de sus familiares durante las marchas que intentó invisibilizar el Estado.

Los cinco estados que tienen el mayor número de casos de personas desaparecidas en 2026 son: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, según datos del informe de RedLupa, que además reporta que 28 estados aumentaron el porcentaje de personas desaparecidas de 2025 a 2026.

Vivimos una grave crisis de derechos humanos. Pasamos de periodos como el de 1965-1990 en que el Estado se vio directamente relacionado con las desapariciones, al de la actualidad en que las personas desaparecen en escenarios de violencia provocados por el crimen organizado que se han fortalecido y se han diversificado a través de su presencia armada y su confabulación con agentes estatales en varios territorios del país, estas son conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que determina que “Las desapariciones cometidas por agentes estatales no han sido erradicadas aún en México.

“Si bien los actos de desaparición del crimen organizado han tomado protagonismo en los últimos años, también se observa que, en algunos periodos temporales recientes, en determinadas entidades federativas, la distribución de las autorías entre agentes estatales y no estatales es porcentualmente casi la misma”.

En días recientes se detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en el contexto de la investigación de la desaparición de 43 normalista de Ayotzinapa en 2014, al parecer, ocultó pruebas que muestran cómo hombres armados obligaron a descender a los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531 en que se trasladaban. Aunque se determinará hasta diciembre si el ex gobernador es culpable o no, ya hace ruido el hecho de que la corrupción de algunos funcionarios es parte de la crisis de las desapariciones forzadas en nuestro país y esta debe ser atendida, neutralizada y esclarecida por el propio Estado.

Es positivo que el gobierno de México participade en más audiencias sobre temas de desaparición ante la CIDH; desde 2018, impulsó una serie de instituciones, normas y protocolos para poder enfrentar la desaparición, reactivó el Sistema Nacional de Búsqueda, hizo el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y se aprobó el Protocolo Homologado de Búsqueda; pero sigue siendo insuficiente la labor del Estado hacia este problema que afecta a varios sectores sociales que afecta ya de manera significativa a niños, niñas, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado, que los busca para su reclutamiento.

Asimismo, mujeres, personas migrantes y LGBTIQ+ enfrentan riesgos diferenciados de desaparición vinculados a factores de violencia estructural y discriminación. En estos casos, la desaparición suele asociarse a violencias de género, trata de personas, condiciones precarias de movilidad o falta de reconocimiento institucional o estigmas en torno a la identidad de las víctimas.

Según observaciones de la CIDH, en México se requiere una alineación de todas las instituciones integrantes del Sistema que se refleje en la formulación y avance de medidas concertadas para la implementación de una política nacional de búsqueda. Asimismo, el que familias de las víctimas sean las que impulsaron judicialmente la puesta en marcha de instrumentos y herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda, como la creación del Banco de Datos Forenses, refleja la falta de involucramiento de algunas autoridades con el máximo despliegue de esfuerzos para el cumplimiento de la política de búsqueda en México.

DESDE EL CENTRO

Aspirantes a un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Yucatán denunciaron discriminación al tener que trasladarse lejos del estado para realizar el examen que les fue cancelado, luego del pésimo resultado con las pruebas a distancia. En respuesta, el gobierno de la entidad brindará respaldo integral a 80 estudiantes yucatecos y yucatecas que buscan continuar su formación profesional al presentar su examen de control proporcionando dos autobuses para su traslado a la CDMX, contarán con hospedaje, apoyo de alimentación, y viajes internos entre el lugar donde se alojarán y la sede de la UNAM.

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