De Norte a Sur/Abigail Angélica Correa Cisneros

PERSISTEN DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO

El Día de las madres de este año cientos salieron a reclamar a las calles la ausencia de hijos e hijas que injustamente fueron arrebatados de sus familias. 

Colectivos en distintos puntos de la República, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato, Jalisco, demandaron verdad y justicia por las más de 80 mil desapariciones desde hace décadas en el país. 

El año pasado, México registró casi cinco mil desaparecidos, 90 por ciento se debieron al crimen organizado. La entidad que más reportes tiene es Jalisco. También es el estado con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas, 605 cuerpos desde que inició el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados en diciembre de 2018.

En 2021, el organismo México Evalúa documentó 73,742 víctimas, que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos desde 1964 a la fecha. De estos casos, la mayoría se encuentran en Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Colima.

El delito de desaparición forzada se mantiene elevado en territorio mexicano. Este 10 de mayo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), agrupación de más de 60 colectivos, exigió que se atendieran siete demandas, destacan la creación urgente de un programa de búsqueda, la atracción federal de todos los casos, la creación de un protocolo de investigación homologado a toda la República, así como de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas a nivel federal.

El colectivo entregó un documento a las autoridades, donde destacan que actualmente hay más de 87 mil personas desaparecidas en todo México, lo cual va de la mano con un “gravísimo rezago forense”, cuya prueba es la existencia de 50 mil 505 cuerpos no identificados.

Pese a la contingencia por la pandemia de Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregados al Senado de la República, entre abril de 2020 y febrero de 2021, en el país se reportó la desaparición o no localización de 13 mil 703 personas, de las cuales sólo fueron halladas siete mil 552. De éstas, 638 fueron encontradas muertas.

En el segundo Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad que entregó al Senado, reporta que durante ese año de la pandemia se realizaron 689 jornadas de búsqueda de personas, se hizo el hallazgo de 417 fosas clandestinas y 939 cuerpos. La secretaría dice que, en materia de subsidios federales, en dos años se han entregado 665 millones de pesos para fortalecer las acciones realizadas por las comisiones locales de búsqueda.

Es relevante también la desaparición de al menos dos mil migrantes en México, como reportó hace semanas la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Hace más de una década que madres mexicanas viven un calvario tratando de encontrar a sus hijos debido a la inseguridad que aqueja al país. Por sus propios medios, algunas han localizado fosas clandestinas o dan con los cuerpos en instalaciones del gobierno, al que señalan por no hacer lo mínimo por apoyarlas. Está estipulado en el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que “el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de los desaparecidos y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

Poco sirve el reforzamiento a las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos. Los mexicanos viven atemorizados. Recordemos la detención hace un mes de 30 elementos de la Secretaría de Marina en relación con la desaparición forzada de varias personas en 2014 en Nuevo Laredo, en el nororiental estado de Tamaulipas.

De la misma forma, la Guardia Nacional es señalada por actos de desaparición forzada, incomunicar personas, irregularidades en órdenes de cateo, transgredir los derechos de migrantes, omitir realizar labores de seguridad pública, destruir propiedad privada y apoderarse de bienes inmuebles sin autorización, entre otras anomalías.

El Estado debe dar prioridad a la solución de este problema. 

DESDE EL CENTRO

Mayo también es mes de los maestros. Para finales de mes los casi dos millones de docentes de educación básica que existen en el país, tendrían que estar vacunados contra la Covid-19. Su mayor reconocimiento será el regreso a las aulas… A unos días de las elecciones del 6 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira a los dos principales candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano. La investigación contra De la Garza es por “compra y coacción del voto”. En el caso de Samuel García, el inicio de las pesquisas responde a aportaciones de dinero que el candidato recibió supuestamente “de forma ilegal” y “con fines electorales”.

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