Demanda CNDH modelo de educación inclusiva en favor de discapacitados

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de abril de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que la falta de un verdadero reconocimiento y respeto del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en el país, demanda fortalecer e implementar medidas sustantivas en los ámbitos federal y estatal para transitar plenamente como nación a ese modelo educativo en todos los niveles (educación básica, media y superior), y así garantizar ese derecho a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Además, es indispensable armonizar las legislaciones y que las reformas a la Constitución General de la República observen el principio de progresividad, mediante la mayor protección para las personas con discapacidad y eviten cualquier retroceso en su derecho a la educación inclusiva y favorezcan su plena inclusión en el sistema educativo nacional.

Así lo comunicó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, mediante oficio de fecha 29 de marzo del 2019, en el que respetuosamente le formula diversas consideraciones sobre la ratificación de la permanencia del modelo de educación especial a nivel constitucional, derivada de la aprobación en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Dictamen del proyecto de derecho por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 constitucionales.

En dicho dictamen, señala el Ombudsperson, lejos de fortalecerse el derecho a la educación inclusiva para las personas con discapacidad, se observa que persiste el modelo de educación especial, que omite lo preceptuado por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las observaciones y recomendaciones del Comité respectivo de la ONU.

Para la CNDH, la transición del sistema de educación especial al sistema de educación regular es necesaria porque el primero es excluyente al no permitir la incorporación de los alumnos con discapacidad en todas las actividades, lo que les provoca desventaja y discriminación al ingresar al sistema de educación regular, además de que no les permite desarrollar habilidades suficientes para una adecuada interrelación con el resto del alumnado e impide el máximo desarrollo de la personalidad, talentos, creatividad y aptitudes físicas y mentales.

«Transitar al sistema de educación inclusiva lograría que los estudiantes con discapacidad participen de manera plena en todas las actividades y ámbitos, en una sociedad libre e incluyente”, afirmó González Pérez, quien recordó que la CNDH se ha pronunciado sobre la necesidad de armonizar la legislación nacional acorde con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para homologar los derechos sustantivos y adjetivos de ese colectivo  y no se enfrenten obstáculos de carácter legislativo en su ejercicio.

Refirió que la CNDH realizó un ejercicio de armonización legislativa a nivel federal y estatal sobre el reconocimiento del derecho a la educación, que dio como resultado que ninguna de las entidades federativas cuenta con un marco normativo armonizado al 100 por ciento, debido a que gran parte de las leyes contempla de manera parcial ese derecho, sin tomar en cuenta los cambios, ajustes o modificaciones a realizar en el entorno físico y la currícula para incluir de manera adecuada a los estudiantes con discapacidad. Precisó que a nivel nacional el avance de armonización es de 43 por ciento; Tabasco tiene el 5 por ciento, con el menor porcentaje de armonización y Querétaro el 69 por ciento, con el porcentaje más alto. Y en cuanto a la Ley General de Educación, el avance a nivel nacional es del 26 por ciento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó que la educación es un derecho humano intrínseco y medio indispensable para alcanzar el máximo grado de ejercicio de los derechos, además de que constituye el principal medio que permite a las personas excluidas económica y socialmente salir de la pobreza y participar en su comunidad, siendo el aprendizaje sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades condición esencial para lograrlo.