Denuncian a funcionario de CEAVI por corrupción y violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo de 2021.- Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, CEAVI, enfrenta una denuncia por presuntos actos de corrupción, violencia de género y hostigamiento laboral,  en la que presumen que el funcionario solicitó el pago de honorarios por más de 2 millones de pesos para una abogada particular que él recomendó para atender a una víctima de violencia de género que acudió en busca de apoyo a la CEAVI.

En un comunicado se informó que el funcionario presuntamente habría amenazado a dos colaboradoras de la citada CEAVI, por denunciar el supuesto flagrante conflicto de interés, con el cual se incurrió en una grave falta de acuerdo al artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para la CDMX. 

En la denuncia con la carpeta de investigación CI:3135/FMIX/HUAJAPAN/2019, presentada el 22 de febrero  ante el órgano interno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se detalla que el CEAVI emitió un dictamen pericial de reparación del daño en el caso de una joven que fue agredida en otro estado de la República Mexicana, lo cual consta en el expediente 3135/FMIX. 

La denuncia contra Armando Ocampo fue presentada por dos defensoras públicas de la CEAVI, encabezadas por la licenciada Daniela Aguirre, abogada que a lo largo de siete años ha defendido los derechos humanos de personas que han sido víctimas de distintos delitos, confrontando al comisionado por supuestos actos de corrupción.

Las quejosas afirman que Ocampo integró a la defensa del caso a la doctora en Derecho Diana Cristal Obregón, quien fue una de las aspirantes a encabezar la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

El 14 de enero la abogada de nombre Paola Galindo se dio cuenta del anexo de estas facturas millonarias, cuando los trabajos de asesoría, acompañamiento, diligencias y revisión de la carpeta de investigación los hizo la Ceavi.

En un principio, el comisionado presuntamente informó a sus subalternos que la especialista sólo iba a asesorarlos y que su participación sería gratuita. Sin embargo, durante la etapa procesal del caso la Comisión emitió en el mes de enero una primera versión del dictamen de reparación del daño, en el que se anexaron facturas y los gastos de representación por parte de la doctora Diana Cristal Obregón, que ascendían a más de dos millones de pesos, cargándose a quien deba reparar el daño de la queja original. 

Los montos por el proceso judicial eran por un millón 914 mil pesos y los gastos de transportación por 348 mil pesos. Este último gasto también fue puesto en duda por la parte denunciante, ya que aseguraron que a pesar de que el caso se desarrolló en tribunales de otro estado, los litigantes no tuvieron que trasladarse a esa entidad, ni tampoco lo hizo la especialista.

En adición a lo anterior, la abogada Daniela Aguirre denunció también a Armando Ocampo por presuntos actos de violencia de género y hostigamiento laboral, pues afirma que «a raíz de que dos compañeras y yo denunciamos al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Ocampo Zambrano, por hechos de corrupción y conflicto de intereses, nos convertimos en objeto de actos de violencia de género, hostigamiento laboral, acoso y persecución por esta denuncia para intentar que nos desistiéramos, para después obligarnos a firmar nuestras renuncias». 

Posteriormente el titular de la Comisión citó a la abogada en su oficina, donde según Daniela el funcionario se tornó aún más agresivo y en ese momento le exigió su renuncia. Ante la negativa de Aguirre de firmar su renuncia, fue supuestamente hostigada por parte de personal del CEAVI, para que pusiera su rúbrica en el documento.

«Armando Ocampo mandó gente de la Comisión a mi casa. Hay cámaras donde se ve cuando llegan en el auto dos hombres que llevaban ya los escritos para exigirme que los firmara o las cosas se iban a poner mucho peores», declaró. 

No asombra esta denuncia, aseguran, “ya que Ocampo Zambrano se ha visto involucrado en otros escándalos como cuando se negó a pagar a un corredor de bienes raíces la comisión producto de una operación de compra venta de un inmueble de su propiedad; o cuando escenificó en Monterrey un pleito callejero que trascendió en la prensa”.

Compete al órgano interno de la Secretaría de Gobierno, encabezado por Martín López Hernández y a la Contraloría indagar la denuncia presentada por Aguirre y las otras dos abogadas.

Distintos medios informativos han intentado consultar a la Secretaria de Gobierno sobre este caso, pero no han obtenido respuesta.