Deplora CNDH falta de voluntad de autoridades para atender a víctimas

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la falta de voluntad de las autoridades, particularmente de las entidades federativas que no han instalado las comisiones locales de búsqueda como son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora.

Ello, para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos y, con base en ello, se recuperen la paz y la confianza en las instituciones públicas.

Señaló que la omisión de respuestas a esas legítimas exigencias muestra la indiferencia ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familias, y aseguró que la vigencia real de los derechos humanos requiere de la plena convicción de su observancia, protección y del cumplimiento de la ley, por lo que todas las instituciones públicas, en su respectivo ámbito de competencia, deben buscar que las víctimas reciban atención debida como sector vulnerable.

Y colocarlas en el centro de la discusión, buscar su participación y representación técnica; fijar indemnización compensatoria justa que abarque daño moral y material; señalar los derechos que las autoridades, como garantes, están deben proteger; investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables; dictar las medidas de no repetición, satisfacción y rehabilitación necesarias, y verificar que las instituciones del Estado cumplan.

Tras mencionar que en los últimos años se ha avanzado en diversos procesos legislativos como un primer paso para la paz, justicia social, desarrollo nacional y restablecimiento del orden y del tejido social, destacó la necesidad de generar una política integral de reparación del daño que aporte bases sólidas desde la legislación y mecanismos para que las autoridades de procuración de justicia y de atención a víctimas aporten los elementos técnico-jurídicos para su valoración y ponderación por la autoridad jurisdiccional al emitir sus resoluciones.

Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en el Conversatorio sobre Reparación Integral de Daño en Casos de Violaciones Graves a Derechos Humanos en México, en que se pronunció por construir una Política Nacional de Reparación Integral del Daño, incluida la relativa a Violaciones Graves de Derechos Humanos, que considere a las personas, en particular a la víctimas, a las comunidades, y con esquemas que permitan abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y rescatar comunidades por la vía de la legalidad democrática:

«Una visión, dijo, que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad y la reparación de las víctimas, así como una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades».

Explicó que para ello se requiere reformar la Ley General de Víctimas y adicionar la parte conducente a la atención de víctimas en los casos de violaciones graves de derechos humanos para asegurar que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos; gocen de atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia les permitan una reparación que no dé lugar a revictimización, y haya evaluación periódica de cada caso hasta alcanzar una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.

Rocío Culebro Bahena, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., indicó que ante situaciones como los 40 mil casos de personas desaparecidas, feminicidios y torturas que se presentan en nuestro país, la reparación integral de daño en casos de violaciones graves a derechos humanos es un tema que adquirirá mayor importancia en los próximos años, por lo cual es preciso avanzar en el diseño e implementación de procesos de reparación colectiva que en el caso de Veracruz, por ejemplo, han permitido dignificar la memoria de las víctimas y contribuir con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades para el esclarecimiento de los casos.