Desaparecidos: carga importante e insoslayable para Estado mexicano

CIUDAD de MÉXICO, 19 de octubre de 2016- La familia Gutiérrez Alpízar, de Tegucigalpa, Honduras, tiene ocho años buscando a su hijo Benjamín, el cual desapareció en Veracruz cuando se disponía a trasladarse a Tamaulipas. Pretendía llegar a Miami, donde dos de sus hermanos viven y trabajan. No se volvió a saber nada de él y han recurrido a organismos nacionales e internacionales para localizarlo. No han tenido éxito. Este es uno de los cientos de casos de desaparecidos en México.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, provocó que organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos demandaran al gobierno federal mexicano información sobre otros casos de desaparecidos, pues de acuerdo al último recuento oficial, de los 24 mil 288 que tiene reportados la Secretaría de Gobernación (Segob), 12 mil 532 corresponden al sexenio pasado y 11 mil 756 a la actual administración.

No obstante que el país cuenta con una Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de que el gobierno federal reconoce que hay un recuento oficial de desaparecidos, organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos consideran que dichas cifras son confusas e incompletas, y que no se ha dado explicación porque se redujeron ocho mil casos reportados desde el sexenio pasado.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió a fines de agosto pasado al gobierno de México que elabore una «ley general e integral» en materia de desaparición de personas, ya que el país enfrenta una «situación crítica» sobre este tema.

Diversos activistas, consultados por Quadratín México, coincidieron en que el gobierno federal debe actuar con mayor transparencia en el tema de los desaparecidos e incluso lo llamaron a hacer pública su lista de casos, protegiendo, desde luego, los datos personales de los familiares.

Ximena Antillón Najilis, investigadora del Centro de Análisis Fundar, señaló que «ha habido toda una serie de cifras que han sido confusas y no ha sido clara la metodología que se ha seguido para llevar dicho recuento”.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada –que se conmemoró el pasado 29 de agosto–, Amnistía Internacional (AI) señaló que el gobierno federal, “lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, ha dejado que prevalezca la confusión sobre temas tan sensibles como la cantidad de víctimas de este crimen de lesa humanidad y lamentó que la

PGR haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de personas “no localizadas” es de 24 mil 288, pero sin explicar cómo llegó a esa conclusión.

De acuerdo con datos oficiales, a agosto de 2016 había consignados, en el Registro Nacional de Personas no Localizadas y Desaparecidas, un total de 24 mil 288 casos en el fuero común y 794 en el fuero federal.

El analista del Instituto de Investigaciones Sociales la UNAM, José Luis Alcántara, consideró en su momento como inaceptable el uso de eufemismos como el de “personas no localizadas”, lo cual envía un mensaje de opacidad que parece querer modificar el contexto de la realidad, y pudiera tener por objetivo minimizar las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en la búsqueda, localización de personas desaparecidas y la sanción de los responsables.

Luego de que el pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se destacó la grave situación que prevalece en México, con base en la información generada por tres instancias internacionales, como producto del clima de violencia generalizada que se ha construido desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Particularmente, ante los horribles hallazgos de la prisión de Piedras Negras, la cual fungía literalmente como un “campo de desapariciones forzadas”, y de las fosas recientemente encontradas en el estado de Morelos, el tema cobra especial vigencia debido a la angustia, dolor y desesperación de miles de familias que tienen a uno o varios de sus integrantes en calidad de “desaparecidos”. Eso, tomando en cuenta también las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas y las encontradas en el Durango.

Hay que recordar que 6 de octubre de 2015, sólo unas horas después de recibir las conclusiones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a México, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dio a conocer la postura del gobierno federal al respecto y consideró que el informe preliminar de la CIDH “no refleja la realidad del país”. Asimismo, manifestó que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”.

Frente a tal postura, más de 50 organismos no gubernamentales de derechos humanos expresaron en un comunicado conjunto que –como es del conocimiento del gobierno–, las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita.

Durante el actual sexenio, entre otras actividades, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades.

En la visita de hace un año, la CIDH se entrevistó con más de 100 representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.

Las conclusiones que presentó la CIDH coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU. Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el Relator sobre Tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el Relator para la Libertad de Expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.

“Frente a tal panorama, lo que extraña no es la valoración preliminar de la CIDH, sino que el gobierno federal haya negado la gravedad de la situación actual, incluso caracterizando a víctimas de desaparición forzada como –casos de 2008, 2009, 2010 y 2011–, cuando, además de seguir vigentes los casos de años pasados, han desaparecido casi 12 mil personas de 2013 hasta mediados de 2015 según cifras oficiales. En efecto, en este y otros rubros, el gobierno no citó datos que cuestionaran la información concreta presentada por la CIDH, generalmente derivada no sólo de testimonios y casos sino de estadísticas oficiales”, indicaron las organizaciones, las cuales apuntaron:

“Lamentamos que el gobierno federal haya respondido desde una lógica mediática de control de daños, a conclusiones preliminares que atañen a problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano. Al recordar que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH, tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.

Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos, el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país, apuntaron.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que “ante los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia”, pidió que se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien en su informe más reciente exigió a México políticas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

La ONU recordó también que México no sólo cuenta con los desaparecidos de los últimos años, sino también con personas que desaparecieron de manera forzosa en las décadas de los 60, 70 y 80 y cuyo paradero todavía se desconoce.

Pero la situación se ha venido agravar pues hace apenas unos cuantos días, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer sus conclusiones sobre el reciente examen a México, en las que señala que «la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas».

«El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas», sostiene el Comité en un documento de diez páginas, el cual no fue avalado por la cancillería mexicana.