Desaparición forzada, una práctica continua en México: CNDH

“Este fenómeno continúa ocurriendo, e incluso aumentando en varias regiones del país, lo que se traduce como el incumplimiento del fin último de la función estatal, que es la convivencia pacífica y la seguridad pública”, manifestó.

A través del Informe especial sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en México, que entregó la institución al Congreso de la Unión, el titular de la CNDH expresa que el problema de las desapariciones en México no se limita al caso Iguala.

“Pero desafortunadamente aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la falta de datos que permitan determinar con certeza el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos en que la desaparición sería responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o se debiera a alguna otra causa”, expresó.

González Pérez recomienda a la administración del presidente Enrique Peña nieto a “contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

“A partir de criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición, las investigaciones que se llevan a cabo y la manera en que reportan los casos”, dijo.

Por si fuera poco, González Pérez resaltó en la necesidad de aplicar el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas “que genere una reacción inmediata de las autoridades, para dar con el paradero de las personas”.

“La creación de un Sistema Nacional de Información Genética que incluya material de este tipo y muestras biológicas de familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas, y el análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes y clandestinas”, subrayó.

Además de tener especial atención en los casos de desaparición de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, tales como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, menores de edad, indígenas, defensores de los derechos humanos o, incluso, periodistas.

“La defensa y protección de los derechos humanos no pueden esperar ni estar sujetas a tiempos o intereses políticos o de cualquier otra naturaleza”, dijo.

“Es necesario atender de inmediato las 64 recomendaciones y propuestas que en el tema de desaparición de personas han formulado tanto los órganos del Sistema Universal de la Organización de las Naciones Unidas como Regional de la Organización de Estados Americanos, para aspirar a mejorar nuestro contexto actual en el menor plazo posible”, expresó.