Detener tráfico de armas contribuye a seguridad binacional: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO. 1 de julio de 2022.- Bajo el Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras adoptado en octubre pasado, reconocemos que la seguridad de nuestros dos países es una responsabilidad compartida, señaló el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

«Controlar el tráfico de armas ilegales hacia México es crucial para la seguridad de ambos países, y nuestros esfuerzos ya están dando frutos. El gobierno de los Estados Unidos a todo nivel está enfocado en combatir el tráfico ilegal de armas», recalcó el diplomático.

Y abundó: que el presidente Biden y el apoyo bipartidista del Senado de los Estados Unidos, ahora podemos tipificar al tráfico de armas como un delito federal. Ese marco legal no sólo servirá como una herramienta para frenar el tránsito ilegal de armas del norte hacia el sur, sino que también nos ayudará a fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y estadunidenses. Trabajando de la mano con el Congreso, el presidente Biden firmó disposiciones legales que:

• Prohíben que alguien deliberadamente compre o conspire para comprar un arma de fuego en nombre de una persona que sabe o tiene motivos razonables para creer que tiene prohibido recibir un arma de fuego, o que tiene la intención de usar el arma de fuego para cualquier delito federal o estatal;

• Prohíben que una persona transfiera o reciba, o bien, intente o conspire para transferir o recibir un arma de fuego si sabe o tiene motivos razonables para creer que el uso, porte, posesión o recepción constituiría un delito federal o estatal;

• Prohíben transferir un arma de fuego o municiones a una persona que sabe o tiene motivos razonables para creer que pretende vender o disponer de otra manera del arma de fuego o municiones en fomento de cualquier delito federal o estatal;

• Prohíben que una persona reciba o transfiera un arma de fuego o municiones, o intente o conspire para hacerlo, sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que se usará para cometer un delito federal o estatal;

• Prohíben que una persona introduzca de contrabando un arma de fuego o municiones, con la intención de participar o promover una conducta que constituya un delito federal o estatal, o bien, intentar o conspirar para hacerlo dentro o fuera de los Estados Unidos;

• Aumentan las penas máximas de prisión por transferencia y posesión ilegal de armas de fuego de 10 a 15 años, y hasta 25 años si se pretende usar un arma de fuego comprada fraudulentamente para cometer un delito federal o estatal;

• Incrementan penas para las personas condenadas por compra fraudulenta y tráfico de armas. Una persona “afiliada a una pandilla, cartel, red de crimen organizado, u otra organización de este tipo [está] sujeta a penas más altas que una persona que no esté afiliada”;

• Designan los nuevos delitos de compra fraudulenta y tráfico de armas de fuego como “actividades del crimen organizado” y como una “actividad ilegal especificada” para lavado de dinero.