CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2019.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez considera que se debe aplicar la Ley respetando las garantías individuales, porque en casos como el de las protestas en Michoacán con bloqueos en las vías del tren, se afecta a terceros.

En relación a los bloqueos y plantones que por al menos 17 días alteraron las actividades cotidianas y económicas en el estado de Michoacán, realizados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a quienes se les adeudan pagos atrasados por el Gobierno del estado desde septiembre de 2018, el Ombudsman afirmó que es indispensable que primero se dé un diálogo.

“Lo dije respecto de otros conflictos en el pasado. Primero, siempre estaremos en favor de privilegiar el diálogo, pero privilegiar el diálogo no quiere decir que se renuncie a la aplicación de la Ley. La aplicación de la Ley, con parámetros precisos de respeto a los Derechos Humanos”, afirmó la mañana de este jueves.

“Los Derechos Humanos, vuelvo a reiterar lo que dije hace unos momentos, no pueden ser obstáculo para la aplicación de la Ley, pero la aplicación de la Ley tiene que ser con parámetros de proporcionalidad, racionalidad y un fin legítimo. La aplicación de la Ley significa no reprimir, significa proteger también a la ciudadanía y que en el ejercicio de un legítimo derecho, como puede ser la protesta civil o la exigencia de un derecho, nunca puede ser violentando otros derechos”, agregó.

González Pérez refirió que se deben respetar las protestas de cualquier ciudadano que exija sus derechos, siempre y cuando, estas sean pacíficas, de lo contrario, las autoridades deberán intervenir con la aplicación de la Ley, sin represión, sino en contención.

“Entonces, desde esa perspectiva, el cumplimento de la Ley no está exento de que cumpliendo la Ley se respeten los Derechos Humanos. Y Derechos Humanos, lo declaro enfáticamente, nunca debe entenderse como un obstáculo y que no se pretenda ver en éstos, una limitación para la aplicación de la Ley”, comentó.

“El ejercicio legítimo de la fuerza y la aplicación de la Ley está establecido en la Constitución, por eso también va a ser deseable que pronto tengamos una Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, pero -repito- la aplicación de la Ley no debe entenderse como represión, sino como una contención y una protección a la ciudadanía. Y que respetemos el ejercicio y el derecho a la protesta civil pacífica y, que el derecho de este ejercicio pacífico y protesta social, no implique la alteración de otros derechos en detrimento de terceros”, añadió el Ombudsman.