Diputados de PAN y PRD batallan por desafuero de ex ayudantes de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de octubre de 2017.- Ante la falta de acuerdos y luego del empate que registró la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sobre el dictamen a la solicitud de desafuero en contra de los legisladores del PRI, Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, los diputados del PRD, Omar Ortega y del PAN, Juan Pablo Piña, solicitaron a la mesa directiva en San Lázaro que estos casos sean presentados ante el pleno camaral para que ahí se decida.

En conferencia de prensa en el recinto legislativo, los diputados señalaron que, de acuerdo a la normatividad debe ser el Pleno de la Cámara el que decida si procede o no la solicitud de desafuero de los dos legisladores.

Piña Kurczyn indicó que existe cierta confusión después de que, en la reunión de este jueves de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se abordó el tema y el presidente de la misma, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que este asunto se abordaría el próximo martes.

Sin embargo, aseguran que el día de ayer miércoles, supuestamente Ramírez Marín envió una carta, “firmada unipersonalmente a la Sección Instructora, diciendo que el asunto no iba a subir a Pleno, entonces, pues me genera confusión ¿o lo van a tratar el martes o ya decidió él de manera unipersonal no subirlo al Pleno? Y si es el caso, ¿por qué?”, cuestionó el panista.

Fue el pasado 12 de octubre, cuando el presidente de la Sección Instructora el priista, Ricardo Ramírez Nieto, dijo que se turnó a la Mesa Directiva el dictamen sobre las solicitudes de juicio desafuero, en sentido negativo, es decir, “son improcedentes”.

Explicó que la votación del dictamen en el seno de la Sección Instructora tuvo un empate de dos votos del PRI contra dos del PAN y PRD, por lo cual se acordó enviar el documento a la Mesa Directiva, para que este órgano sea el que decida si se pasa al Pleno de la Cámara de Diputados o no.

Tarek Abdala y Silva Ramos fueron acusados por la Fiscalía Especial de Veracruz de los presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y peculado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, del que fueron colaboradores.