El Búnker/Fernando Sánchez Márquez

¿Y la procuración de justicia?

El modelo penal acusatorio, una de las últimas obras fallidas de esta administración priista, que hoy está a la deriva y que tuvo un costo de cuatro mil millones de pesos iniciales más otra aportación de 50 millones de dólares aportados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al igual que a otros naciones latinoamericanas, simplemente no tiene forma ni fondo porque opera sin rumbo.

Más allá de reconocer o criticar lo que hizo o dejó de hacer el presidente Enrique Peña Nieto en el sexenio que está por terminar, lo verdaderamente importante es que ni el nuevo sistema de justicia penal acusatorio registró avance alguno a pesar de que este programa lo puso en marcha en la madrugada del sábado 18 de junio de 2016.

Solo faltaba echar un ojito a este otro poder de la unión que se antoja intocable porque en estos seis años de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad a nivel nacional, el Poder Judicial que no ha servido más que para mantenerse inamovible en la esfera del poder, sin concretar impartición ni procuración de la justicia en el país.

Estamos en la víspera del fin del sexenio peñista y con mucha vergüenza observamos que uno de los principales legados de esta fallida administración es la corrupción. Otro mal que heredaremos de los tecnócratas priistas es la violencia, prueba de ello es el crimen del siglo: Ayotzinapa cuyos 43 estudiantes normalistas, fueron desaparecidos.

El hecho de que a partir del uno de diciembre próximo dará inicio la cuarta transformación de la que se habla casi a diario desde el pasado uno de julio en que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial de manera contundente, no cantemos victoria porque más que prometer innovaciones, lo que se requiere es resolver algunos de los problemas que heredó y heredará Peña Nieto.

Desafortunadamente para todos los mexicanos, un programa que no ha dado ni dará resultados por lo menos en el corto y mediano plazo es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya que su implementación hace dos años y tres meses pareció un acuerdo cupular entre el Mandatario actual, el Poder Judicial y los operadores llamados ministerios públicos y jueces encargados de su nula aplicación.

No es posible, como se documenta a diario en todo el territorio nacional, que mientras el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pareciera un plan de contradicciones, aprobadas sin consulta previa por la cúpula judicial del país, no logra meter a los delincuentes a la cárcel mientras que de la cárcel no logran salir personas inocentes.

Caso concreto es el de Irma de los Ángeles Magaña Campos, empresaria hotelera quien con engaños de Yadira Quintero Pérez, quien ni es juez ni ha aprobado los exámenes para asumir dicho título, la encarceló ilegalmente por un delito que no cometió en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado mes de junio, sin que nadie tome cartas en el asunto.