El Búnker/Fernando Sánchez Márquez

Despilfarro oculta problemas nacionales

Entre jícamas, pepinos, vasos desechables, pleitos, descalificaciones, insultos, legisladores ciclistas y uno que otro chapulín despistado, transcurren las sesiones ordinarias en los recintos legislativos de San Lázaro y Paseo de la Reforma, desde donde pareciera que no se ve cómo crece la delincuencia, corrupción e inflación en todo el país.

Durante la semana que está por concluir, tanto en el Senado como en la Cámara Baja sigue llamando la atención, la disputa por la permanencia de alimentos, botanas y galletas, lo cual no sería importante si no fuera porque ese gasto tradicionalmente ha sido inflado para pagar cantidades millonarias.

Afortunadamente esta discusión, pronto llegará a su fin, ya que hace 48 horas la bancara de Morena en la Cámara de Diputados presentó ante el pleno una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana para poner orden a tanto despilfarro.

Incluso la bancada de Morena en el Senado presentó por su parte otra iniciativa para elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana, con la cual el Estado evitará el dispendio. Lo importante es que de aprobarse, el Congreso estará facultado para expedir leyes sobre principios de austeridad para los tres niveles de gobierno.

El tema ha desatado un seguimiento inédito al interior del Congreso de la Unión, pero y la agenda nacional, ¿quién lo está legislando? El vaso con jícama y/o pepino que en ambos recintos tiene costos insólitos, por supuesto es importante pero ¿quién resolverá el problema de ajusticiamientos, linchamientos y la aplicación de justicia por propia mano que se generaliza en el país?

Quién o qué comisión en ambos recintos da seguimiento al aumento indiscriminado de productos de la canasta básica, del gas doméstico que se mueve sin control o el de las gasolinas que han superado el valor del dólar y del euro en algunos establecimientos y nadie lo controla.

El Poder Legislativo en general tiene la tarea de no hacer quedar mal al próximo Presidente de México, quien ha jurado y perjurado que en su administración se combatirá la corrupción e impunidad. Lo que falta ahora es que estos hombres del poder llamen a Rosario Robles para que explique dónde quedaron esos 700 millones de pesos destinados a empresas fantasmas, o a los responsables de atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, quienes muchos de ellos siguen viviendo en la calle.