El fracaso de la “nueva escuela mexicana”

Cuando un gobierno recibe una mala calificación y su primera reacción es cuestionar al examinador, algo importante se está confesando sin querer. Eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana: ante los resultados de la prueba PISA 2025 —que colocaron a México en el lugar 64 de 91 países evaluados, con retrocesos en matemáticas y lectura que no se veían en casi dos décadas—, el gobierno de Morena no ofreció un plan de emergencia ni una autocrítica, sino una maltrecha defensa. Cuestionó “el alcance y la representatividad” de la prueba, habló de que “la educación no es memorizar, es aprender a aprender”, y salió a presumir que 82 por ciento de los estudiantes se siente acompañado por sus maestros.

Mientras tanto, del otro lado, la Unión Nacional de Padres de Familia decía lo que millones de familias mexicanas ya sospechaban desde hace tiempo: que los números de PISA no son un accidente estadístico, sino la confirmación de deficiencias que vienen señalando desde 2019, en el currículo, en la formación docente, en los libros de texto y en la desarticulación entre lo que se enseña y lo que realmente se evalúa.

Los datos, cuando uno los mira sin el filtro de la propaganda, son difíciles de maquillar. En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022 y veintiuno menos que en 2018, un retroceso que nos regresa a niveles de hace casi veinte años. En lectura, 408 puntos, también siete puntos por debajo de la medición anterior. Solo en ciencias hubo una ligera recuperación de cuatro puntos, insuficiente para compensar la caída generalizada. Casi 42% de los adolescentes mexicanos de 15 años tiene un desempeño simultáneamente bajo en las tres áreas evaluadas, frente a un 19.7 por ciento en el promedio de la OCDE. Y en el otro extremo, apenas 0.5 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanza niveles de excelencia, contra casi 12 por ciento del promedio de los países desarrollados.

Y aquí es donde se hace necesario mirar hacia atrás, no por nostalgia partidista, sino porque la comparación histórica es honesta y necesaria. Durante buena parte del siglo XX, bajo gobiernos priistas, México construyó desde cero uno de los sistemas educativos más extensos del mundo. La SEP, fundada en 1921 por impulso de José Vasconcelos bajo el gobierno de Álvaro Obregón, sentó las bases institucionales que después el PRI expandiría durante décadas, hasta lograr una cobertura de primaria prácticamente universal hacia finales del siglo. En 1959, Adolfo López Mateos creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y con ella, uno de los legados educativos más perdurables de cualquier gobierno mexicano. Ese mismo gobierno impulsó el Plan de Once Años, que multiplicó escuelas, maestros y desayunos escolares para alcanzar a una población que crecía a ritmo acelerado.

En 1992, Carlos Salinas de Gortari impulsó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que descentralizó el sistema hacia los estados y replanteó contenidos y materiales. En 1993 la educación secundaria se volvió obligatoria por mandato constitucional. Entre 2000 y 2010 la cobertura de bachillerato siguió creciendo. Y en 2013, con el presidente Enrique Peña Nieto, llegó una reforma que tuvo un mérito claro: el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros dependían de su preparación y desempeño, no de su cercanía con un sindicato o un partido. Le dio autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para que la evaluación educativa no dependiera del capricho del gobierno en turno.

No es una coincidencia estadística ni un problema de “representatividad” de la prueba, como quiere hacernos creer el gobierno. Es el resultado, medible y comparable en el tiempo de haber cambiado el rumbo de la política educativa sin tener con qué sustituir lo que se destruyó.

*Presidente Nacional del PRI.