El periodismo vive su etapa más crítica de los últimos años

Justicia bajo presión. Jurista advierte sobre el deterioro institucional y los riesgos para la libertad de expresión en México

El periodismo vive su etapa más crítica de los últimos años

En una entrevista con integrantes del Club de Comunicadores y Periodistas (COPAC), el doctor en Derecho Miguel Ángel Reyna Gaytán expone el debilitamiento del sistema judicial, las limitaciones crecientes del juicio de amparo y el uso de instrumentos legales contra comunicadores. El diagnóstico apunta a un entorno donde la defensa de la libertad de expresión depende cada vez más de la organización profesional y de la presión social

Alberto Carbot

La conversación con el doctor en Derecho Miguel Ángel Reyna Gaytán comenzó con una pregunta directa que refleja la inquietud general de los periodistas mexicanos: “¿Estamos ante la etapa más crítica para la prensa?”. 

El especialista, convocado por la dirigencia del Club de Comunicadores y Periodistas, respondió sin rodeos. “Estamos viviendo una situación muy crítica para el periodismo”, afirmó, señalando que la relación entre prensa y poder siempre ha sido conflictiva, pero que en el momento actual confluyen factores institucionales, jurídicos y políticos que incrementan la vulnerabilidad del comunicador. 

La afirmación estableció desde el inicio el tono del diálogo. Reyna Gaytán explicó que la crisis del periodismo no puede entenderse de manera aislada. Forma parte —dijo—, de un problema más amplio relacionado con el funcionamiento del sistema de justicia. Cuando las instituciones encargadas de proteger derechos pierden eficacia o independencia, la libertad de expresión permanece en el papel, pero se debilita en la práctica cotidiana.

El análisis comenzó desde el artículo sexto constitucional, considerado el fundamento jurídico del ejercicio periodístico. Recordó que la Constitución reconoce la libertad de expresión como un derecho humano. “La Constitución no nos regala ese derecho; lo reconoce”, explicó, subrayando que el Estado está obligado a garantizar su ejercicio.

También precisó que la libertad de expresión tiene límites legales definidos: la vida privada, la moral, los derechos de terceros y el orden público. Sin embargo, señaló que el problema actual no está en la existencia de esos límites, sino en la manera en que pueden interpretarse o aplicarse en determinados contextos políticos.

Ante ese escenario, el juicio de amparo apareció como el principal instrumento de defensa jurídica para los periodistas. Explicó que este mecanismo permite combatir actos de autoridad que vulneren derechos constitucionales y humanos. Durante la conversación, lo describió como el recurso legal más importante frente a decisiones arbitrarias del poder público.

La explicación se detuvo en la figura de la suspensión dentro del amparo. El jurista señaló que esta medida cautelar evita daños irreparables mientras se resuelve el juicio. Sin ella, muchos procesos legales perderían sentido, porque el acto de autoridad ya habría producido sus efectos antes de la resolución judicial. No obstante, el especialista advirtió que el amparo enfrenta restricciones crecientes derivadas de reformas legales y criterios administrativos recientes. Estas limitaciones reducen su eficacia inmediata como instrumento de protección frente al poder del Estado, especialmente en ciertos ámbitos administrativos.

La conversación se desplazó entonces hacia la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. La describió como un momento decisivo en la evolución jurídica del país, al incorporar tratados internacionales al marco constitucional mexicano y ampliar la protección de los derechos fundamentales.

Reyna Gaytán licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México —con especialización en amparo y derecho administrativo en la propia UNAM, cuya formación académica incluye estudios de posgrado en derecho procesal penal y derecho penal en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, así como una maestría en Derecho en la Escuela Libre de Derecho—, mencionó como antecedente fundamental el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrido durante la llamada “Guerra Sucia”.

En agosto de 1974, el líder social fue detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y desapareció sin dejar rastro. El caso se convirtió con el tiempo en uno de los ejemplos más representativos de desaparición forzada en México y en un símbolo de la lucha por la justicia frente al poder del Estado.

Décadas después, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en 2009 obligó al Estado a reconocer su responsabilidad y marcó un cambio profundo en el sistema jurídico nacional. La resolución estableció límites al fuero militar y consolidó el principio de control de convencionalidad, base de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. 

A partir de esa resolución internacional, explicó, los jueces locales pudieron inaplicar normas contrarias a derechos humanos, ampliando el alcance de la protección jurídica de los ciudadanos. A pesar de ello, la desaparición de Rosendo Radilla sigue impune, recordando que la justicia internacional puede transformar leyes, pero no siempre logra cerrar las heridas históricas.

Se le preguntó si ese avance en materia de derechos humanos se mantiene vigente en la práctica. Reyna Gaytán respondió con cautela, pero con claridad, que después de varios años de progresividad jurídica se observan señales de retroceso institucional. La preocupación no se limita al ámbito judicial, sino que se extiende a organismos encargados de garantizar transparencia y derechos fundamentales.

La desaparición o debilitamiento de mecanismos de acceso a la información pública fue señalada como un factor que afecta directamente al periodismo de investigación. Sin información verificable proveniente del Estado, explicó, el trabajo periodístico pierde una de sus herramientas más importantes para la fiscalización del poder público.

La conversación avanzó hacia el estado del Poder Judicial. Describió un sistema saturado, con tribunales que enfrentan cargas de trabajo excesivas y limitaciones presupuestales. En esas condiciones, dijo, la impartición de justicia se vuelve más lenta y menos eficaz para los ciudadanos. Relató que algunos jueces deben celebrar numerosas audiencias en un solo día, lo que reduce el tiempo disponible para analizar expedientes con la profundidad necesaria. Este tipo de presión operativa, explicó, puede afectar la calidad de las resoluciones judiciales y generar retrasos procesales prolongados.

Riesgos legales en el ejercicio informativo

Otro de los temas que surgió en la entrevista fue la elección reciente de jueces y magistrados. El especialista en derecho expresó preocupación por la posibilidad de que ese proceso introduzca factores políticos en la impartición de justicia, particularmente cuando los funcionarios electos carecen de experiencia jurisdiccional suficiente.

De acuerdo a su análisis, la independencia judicial depende no sólo de la ley, sino también de la formación técnica y la trayectoria profesional de quienes integran los tribunales, porque cuando esos elementos se debilitan, la seguridad jurídica del ciudadano puede verse afectada.

La conversación regresó entonces al tema del periodismo y su relación con el sistema judicial. Varios asistentes mencionaron casos recientes en los que periodistas han enfrentado denuncias o procesos legales derivados de su trabajo informativo en distintos estados del país. Ante estas inquietudes, el especialista insistió en la importancia de la documentación rigurosa del trabajo periodístico. “Lo más importante es tener evidencias”, explicó, subrayando que documentos, grabaciones y testimonios verificables constituyen la primera línea de defensa frente a cualquier proceso legal.

“Cuando un periodista no puede revelar sus fuentes por razones de seguridad puede invocar el secreto profesional. Este principio jurídico protege la confidencialidad de informantes cuando existe riesgo para su integridad, y forma parte de la protección del derecho a la información de la sociedad”, añadió.

Uno de los momentos relevantes de la conversación surgió al discutir la violencia política de género y sus implicaciones para el trabajo periodístico. Se le preguntó directamente dónde se encuentra la línea entre la crítica legítima y la infracción legal, en un contexto donde las denuncias han aumentado.

El jurista respondió que la crítica al desempeño de un servidor público está protegida por la Constitución, pero advirtió que debe evitarse cualquier referencia a la condición personal o de género del funcionario. La diferencia, explicó, radica en mantener el análisis dentro del ámbito del ejercicio del poder público y no trasladarlo al terreno de la identidad individual.

La discusión llevó a otro tema relevante: las vías legales disponibles cuando un periodista considera que ha sido sancionado injustamente por una autoridad. El especialista mencionó la responsabilidad patrimonial del Estado como una opción jurídica para exigir reparación por abusos de poder en el ejercicio de funciones públicas. Sin embargo, reconoció que estos procedimientos pueden ser largos y complejos, especialmente cuando el sistema judicial enfrenta problemas de saturación. La eficacia de estas herramientas legales depende, en buena medida, de la capacidad operativa de los tribunales y de la asesoría jurídica disponible.

La conversación se amplió hacia la situación de las defensorías públicas. Señaló que efectivamente muchas de estas instituciones enfrentan limitaciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que reduce su capacidad para ofrecer defensa legal efectiva a ciudadanos y periodistas. En ese contexto —explicó—, el periodista puede quedar expuesto no sólo a presiones políticas, sino también a un entorno jurídico adverso donde la defensa legal resulta más difícil. La combinación de procesos largos y recursos limitados aumenta la vulnerabilidad del comunicador.

Organización gremial frente a la vulnerabilidad jurídica

El concepto de “justicia selectiva” apareció entonces como una síntesis de la preocupación expresada durante la entrevista. El especialista lo utilizó para describir la percepción de aplicación desigual de la ley según el actor político involucrado en un conflicto. Esta percepción, explicó, debilita la confianza pública en las instituciones judiciales. Cuando la ciudadanía considera que la ley no se aplica de manera uniforme, el sistema de justicia pierde legitimidad y credibilidad.

La conversación derivó luego hacia la necesidad de organización profesional entre periodistas. El especialista, quien en el ámbito institucional, se desempeña como presidente de la International Liga Bar and Professional Association —desde donde promueve la defensa jurídica y la formación profesional en materia legal—, señaló que la defensa individual puede resultar insuficiente frente a conflictos legales con autoridades, especialmente en contextos políticos complejos.

“Hay que colegiarse”, afirmó durante la reunión, sugiriendo que la organización gremial puede ofrecer mayor protección profesional. La idea fue planteada como una estrategia de defensa colectiva frente a presiones legales o políticas. También mencionó la presión social como complemento de la defensa jurídica. “Manifestaciones públicas, respaldo ciudadano y visibilidad en redes sociales pueden acompañar el trabajo legal cuando se trata de proteger la libertad de expresión” —indicó.

El papel de las redes sociales fue descrito como un “arma de doble filo” por el especialista.Por un lado, dijo, estas permiten visibilizar abusos y generar respaldo social; por otro, pueden propagar información incorrecta o incompleta si no se manejan con responsabilidad.

Otro tema relevante fue la situación del periodismo regional. Señaló que los comunicadores fuera de grandes ciudades enfrentan mayores riesgos legales y menos apoyo institucional que los periodistas de medios nacionales. En muchos casos, explicó, los reporteros locales carecen de asesoría jurídica permanente, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a autoridades municipales o estatales.

La conversación llevó a una reflexión sobre la formación profesional de los periodistas. Recomendó fortalecer el conocimiento básico de derechos constitucionales y procedimientos legales dentro del gremio; comprender figuras como el juicio de amparo, el derecho de réplica o las órdenes judiciales puede convertirse en una herramienta de protección frente a posibles abusos de autoridad.

Como síntesis práctica, propuso tres formas de protección para el periodista: documental, legal y colectiva. Esta recomendación surgió como una conclusión operativa de la entrevista.

El blindaje documental consiste en conservar pruebas —grabaciones, documentos, solicitudes de información—, que respalden el trabajo informativo, puesto que ladocumentación rigurosa reduce riesgos legales.

El blindaje legal implica contar con asesoría jurídica especializada cuando se realizan investigaciones sensibles o publicaciones de alto impacto, en tanto que el blindaje colectivo se relaciona con la organización gremial y el respaldo profesional entre periodistas frente a conflictos legales o políticos.

También se mencionó la posibilidad de crear mecanismos de defensa legal financiados por la sociedad civil o por organizaciones profesionales del periodismo.

Libertad de expresión y responsabilidad institucional

La entrevista se ubicó entonces en el tema central: la relación entre justicia, instituciones y libertad de expresión en el México actual. Reyna Gaytán insistió en que estos elementos forman parte de un mismo sistema democrático.

Sin acceso a la información pública, explicó, el periodismo pierde capacidad de investigación y la ciudadanía pierde herramientas para la rendición de cuentas. Luego, el especialista describió el momento actual como una etapa de transición institucional en la que algunos mecanismos de protección ciudadana muestran debilidad.

A pesar de ese escenario, el jurista —quien a lo largo de su trayectoria profesional ha complementado su preparación con diversos diplomados en derecho civil, mercantil, fiscal y procesal, además de estudios en materia tributaria en el IPN y cuenta también con un doctorado en Educación y desarrolla actualmente investigaciones doctorales en derecho constitucional y amparo—, subrayó que la libertad de expresión continúa protegida por la Constitución y por tratados internacionales firmados por México.

La conversación —que permitió entender el marco jurídico en el que hoy se ejerce el periodismo en México, en un contexto marcado por tensiones políticas, litigios contra comunicadores y debilitamiento institucional—, se acercó a su cierre con una reflexión compartida entre los asistentes sobre el papel del periodismo en la vida democrática. Se reiteró que el periodismo no debe renunciar a su función crítica, incluso en contextos jurídicos complejos y se explicó que la defensa de la libertad de expresión, requiere tanto del uso de herramientas legales como de la organización profesional del gremio.

Los periodistas convocados por la directiva encabezada por los periodistas Judith Alamo, José Arnufo Domínguez Cordero y Alejandro Álvarez Manilla, coincidieron en que el ejercicio profesional enfrenta nuevos desafíos legales y que el entorno actual exige mayor preparación jurídica y colaboración entre medios de comunicación. Manifestaron que la libertad de expresión sigue siendo un derecho vigente en el marco constitucional mexicano, pero su defensa exige hoy mayor preparación profesional, cohesión gremial y vigilancia ciudadana.