Emite CDHDF recomendación a PGJ y Sedesa por homicidio sin aclarar

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de julio de 2016.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió las Recomendaciones 8/2016 a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y 9/2016 a la Secretaría de Salud (Sedesa), ambas instituciones de la Ciudad de México, por acciones de impunidad y por ejercicio médico indebido, respectivamente.

En la Sala de Consejo de la CDHDF, se informó en un comunicado, la Ombudsperson capitalina, Perla Gómez Gallardo, informó que se recomendó a la PGJ, por la indebida diligencia en la investigación del homicidio de uno de sus trabajadores hace casi 10 años, lo que ha originado impunidad y a la Sedesa por realizar un procedimiento de salpingoclasia a una mujer embarazada privada de su libertad, sin su consentimiento.

Acompañada por la segunda visitadora, Montserrat Rizo Rodríguez; el cuarto visitador, Antonio Rueda Cabrera; la directora ejecutiva de Vinculación Estratégica, Ivette Rosales Morales; y la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, María José López Lugo, comentó que en la Recomendación 8/2016 se acreditaron violaciones al derecho al debido proceso, al de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Detalló que la CDHDF recomendó a la PGJ reabrir la averiguación previa vinculada con el homicidio; formalizar y Publicar el Mecanismo de Supervisión con la finalidad de que los Agentes del Ministerio Público investigadores no incurran en retardo injustificado en la integración y determinación de averiguaciones previas”; e indemnizar a las víctimas indirectas, entre otros puntos.

Explicó que el origen de la Recomendación 8/2016 se dio a partir de la indebida diligencia en la integración de una averiguación previa, cuando el 27 de julio de 2006 fue privada de la vida una persona en las inmediaciones de su domicilio cuando se dirigía a su centro de trabajo en la PGJ.

La Presidenta de la CDHDF agregó que, a casi 10 años de los hechos, la Procuraduría local no ha logrado identificar a la persona o personas probables responsables del homicidio.

Manifestó que en su historia la CDHDF ha emitido 69 Recomendaciones vinculadas con violaciones a los derechos al debido proceso y acceso a la justicia y cuatro Recomendaciones relacionadas con presuntas ejecuciones extralegales.

En cuanto a estas temáticas, dijo que a la fecha la Comisión tiene registrados mil 40 expedientes sobre presuntas violaciones al debido proceso y garantías judiciales; mil 145 por presunta violación al derecho de la víctima o persona ofendida en relación al acceso a la justicia; y 17 por presunta ejecución extralegal.

Por lo que respecta a la Recomendación 9/2016, Perla Gómez Gallardo informó que la CDHDF documentó la omisión por parte del personal médico del Hospital Torre Médica Tepepan de recabar el consentimiento informado de una paciente para la realización de la oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia, quien además no recibió la información amplia, los alcances, efectos y consecuencias del procedimiento que le practicaron.

Señaló que se recomendó a la Sedesa reparar el daño causado de manera integral a la víctima; diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los Hospitales de la Red de Salud local y en todas las Unidades Médicas y Centros de Salud de la Ciudad de México y establecer un procedimiento que asegure se recabe el consentimiento informado, entre otros puntos.

“En diferentes momentos la CDHDF ha prevenido a las autoridades del Gobierno de la Ciudad sobre las deficiencias en la atención médica a las mujeres privadas de la libertad; sin embargo, la falta de adopción de medidas eficaces para prevenir escenarios de vulneración a derechos humanos, llevan a la emisión de la presente Recomendación”, subrayó.

Señaló la necesidad de focalizar los esfuerzos de las autoridades para garantizar a las mujeres privadas de libertad la accesibilidad a los servicios de salud bajo el máximo estándar de atención.

La Presidenta de la CDHDF exhortó a las autoridades responsables a aceptar las Recomendación 8 y 9/2016, en un esfuerzo para prevenir violaciones a derechos humanos como las documentadas y reparar el daño ocasionado a las víctimas.