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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2018.- En 69 de un total de 274 cárceles existentes en la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó condiciones de autogobierno o cogobierno, situación que advierte vulnera el control que debe tener la autoridad sobre los Centros de Readaptación Social (Cereso).
En 2016 indicó la existencia de autogobierno en 66 de los centros penitenciarios supervisados, lo que manifiesta que no hubo avances en este rubro.
En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado durante visitas efectuadas en los meses de febrero a noviembre de 2017, el organismo nacional pudo observar un bajo control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad.
De los centros municipales donde los internos realizan actividades propias de la autoridad se encuentran: en Chiapas, la cárcel Distrital de Bochil; Hidalgo, la cárcel Distrital Tizayuca; en Nayarit, la cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas; en Puebla, el Centro de Reinserción Social Distrital Tepeaca; en Quintana Roo, la cárcel Municipal de Felipe Carrillo Puerto, la cárcel Municipal de Cozumel y el centro de Retención Municipal de Solidaridad.
De los Centros estatales, la CNDH evidenció deficiencias con mayor incidencia que se refieren a la separación entre procesados y sentenciados, condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
También se identificó como deficiencia importante en 71, la falta de prevención y atención de incidentes violentos, así como una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a las personas privadas de la libertad y de atención psicológica.
De igual manera existen deficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no contemplan dietas especiales para los enfermos que así lo requieren, tales como quienes padecen diabetes.
Además, en 46 de los centros estatales persiste la sobrepoblación, lo que según la Comisión, genera otro tipo de problemáticas que afectan su funcionamiento.
En 64 de los establecimientos locales supervisados existe hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad y en la mitad de los centros verificados, se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.
La CNDH califica las condiciones de gobernabilidad con perspectiva de derechos humanos de acuerdo a la normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario.