En último lustro crece desplazamiento interno forzado en México

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2016.- En el último lustro, México ha experimentado un inusitado crecimiento en el desplazamiento interno forzado de personas, generado fundamentalmente por la violencia y la falta de oportunidades económicas.

Este fenómeno, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras organizaciones no gubernamentales afines, ha venido creciendo y estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz son lo que presentan más casos.

La intolerancia religiosa –entre católicos y minorías de indígenas protestantes–, conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entre otros, fueron temas que ya fueron suplidos y ahora se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el Ejército mexicano, las policías locales, grupos de delincuencia organizada y grupos autodenominados de defensa, que están obligando al desplazamiento de miles de personas.

El diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en 2004, menciona que las cifras generales estimadas para ese año, a pesar de la ausencia de una estadística oficial, varían entre los tres mil y 60 mil desplazados, citando como causas los “conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio mexicano”.

Ante esta situación, el gobierno incluyó la problemática del desplazamiento interno en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2008.

De acuerdo a la CNDH, en su informe dado a conocer en mayo pasado, sostiene que los desplazados internos son un grupo altamente vulnerable, constituido por personas que generalmente se ven obligadas a huir por las mismas razones de los refugiados, que sin embargo, al no cruzar una frontera estatal, permanecen bajo la protección de su gobierno. Este tipo de movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, ya que representa uno de los grupos poblacionales más desprotegidos, que enfrenta condiciones de vida que se traducen en pérdidas materiales, y afectaciones psicológicas y sociales.

Francis M. Deng, ex representante del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Sobre Personas Internamente Desplazadas, sostiene que “los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones.

En ese sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos realizó un estudio por medio de información cuantitativa y cualitativa sobre el desplazamiento interno forzado y determinó lo siguiente:

“Mientras que por un lado, se han obtenido datos mediante diversos análisis estadísticos, uso de encuestas y de información censal, por otro, se ha recopilado información cualitativa por medio de la documentación de testimonios directos de familias víctimas del desplazamiento interno, y mediante el monitoreo continuo de la prensa nacional y local.

“Estos esfuerzos no nos permiten aún establecer la magnitud real del fenómeno, pero sí confirman su existencia y su gravedad, al mismo tiempo que nos permite identificar las tendencias del desplazamiento en los últimos años. Como consecuencia de los patrones de violencia en México que se pueden observar desde 2006, y en particular desde 2008, al menos 12 estados han producido éxodos de personas.

“El creciente desplazamiento interno se presenta de las zonas rurales a las ciudades y viceversa. De forma paralela a la migración hacia Estados Unidos y Canadá, el desplazamiento interno forzado tiene su origen sobre todo en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Considerando tan sólo a los desplazados de Chiapas, Sinaloa y Ciudad Juárez en Chihuahua, sabemos que hay al menos 170 mil personas internamente desplazadas en sólo tres estados del país.

El Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (idcm por sus siglas en inglés) establece que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementadas para combatirlos, han sido la causa del desplazamiento de decenas de miles de personas, y sitúa la cifra global del país en 160 mil desplazados.

La CNDH sostiene que mientras los cárteles más grandes mantienen el control del tráfico transnacional de drogas, estos nuevos actores más pequeños concentran su actividad criminal en otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso (protección ilegal), secuestros, distribución y venta de drogas en el mercado local, estableciendo su presencia en casi todo el país.

Por su parte, la población civil ha estado expuesta a todos estos delitos mencionados ejercidos por los integrantes de organizaciones criminales, y en particular, a delitos tales como: robos de bienes materiales, desapariciones, reclutamiento forzado y homicidios de familiares.

Además, la presencia del ejército mexicano en las calles de las principales ciudades agitadas por el crimen ha sido percibida por la sociedad como una causa más de inseguridad. Ciertas violaciones a los derechos humanos ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas) se pueden calificar de generalizadas o sistemáticas, y miles de civiles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas del crimen organizado. Como consecuencia de todo lo anterior, entre 2007 y 2011 la tasa de homicidios pasó de ocho a 24 por cada cien mil habitantes en todo el territorio nacional, y de los 32 estados de la República, diez tuvieron tasas superiores a ésta. Tan sólo en Chihuahua, la cifra aumentó mil 113.33 por ciento cuando pasó de 15 en 2007 a 182 en 2010.

En este escenario, la violencia generalizada, los intensos enfrentamientos entre las fuerzas armadas y de seguridad con grupos organizados durante periodos prolongados, y las violaciones a derechos humanos, sumados a la corrupción y a la impunidad, han sido las causas del desplazamiento interno forzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México”, en el cual, además de describir a México como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, aborda la movilidad humana a nivel interno subrayando que el contexto de violencia generalizada exacerbada en diversas zonas de México, ha sido el causante del desplazamiento forzado de miles de personas en los últimos años, y denuncia la tendencia de las autoridades a minimizar el fenómeno asumiéndolo como “una incómoda consecuencia de la situación de violencia” o bajo el argumento de que los movimientos de poblaciones internas responden a motivaciones económicas.

Todos coinciden en que las autoridades del Estado mexicano están obligadas a proporcionar atención a las víctimas de manera prioritaria para proteger sus derechos y para generar soluciones duraderas al problema. Es indispensable contar con mecanismos de respuesta adecuados y eficientes, para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas, considerando su particular situación de vulnerabilidad.

La CNDH considera que el desplazamiento forzado interno no ha sido visibilizado ni las víctimas atendidas de forma adecuada para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos. Se tuvo conocimiento de algunas acciones realizadas para hacer frente al DFI, sin embargo, son acciones esporádicas, aisladas, no planeadas, no estructuradas y ausentes de coordinación. Esto se agrava ante la resistencia de las autoridades para reconocer de manera abierta la existencia del fenómeno.

Por ejemplo, los pueblos originarios de Michoacán tienen por lo menos 19 desaparecidos por defender sus recursos naturales, defender su territorio comunal, por motivos políticos o por enfrentarse al crimen organizado, hasta ahora, ninguna autoridad ha resuelto las demandas de justicia por estas desapariciones.