Escenario político/Daniel Adame

Como todo concepto que adquiere repercusión luego de ser pergeñado por primera vez, la representación adquirió, luego de la obra de Hobbes, múltiples significados. Estas formas que tomó dicho concepto fueron variadas y contradictorias y dependieron del sentido privilegiado a la hora de utilizar el término. Brevemente podemos encontrar varias acepciones convivientes bajo el común nombre de “representación”.

Por un lado, existe la idea de representación como semejanza, que es llamada por el politólogo Giovanni Sartori como “representación sociológica”y lo que expresa es una relación de similitud (en algún aspecto) entre el representante y el representado. En términos sociológicos se dice que alguien es representativo de un determinado grupo a medida que éste comparte algunas características esenciales con el grupo. Es este el concepto que se utiliza cuando en la socioestadística se dice que una muestra es representativa del universo en observación.

Asimismo, es posible distinguir entre la representación como delegación y la representación como responsabilidad. La primera acepción se deriva del derecho privado romano y se refiere a la idea de un embajador o un abogado, que asume la representación de un individuo para defenderlo frente a una corte, por ejemplo. La segunda, en cambio, se refiere a los términos de la responsabilidad de los representantes de “responder” a sus representados.

Estos dos tipos de representación aluden a dos formas distintas de relación entre los representantes y los representados: la forma de mandato imperativo o la forma de independencia. La representación pensada como un mandato imperativo, asociada con la representación jurídica, implica la idea de que el representante es un mero delegado cuya función consiste en transmitir las instrucciones exactas que sus principales le han encomendado. Por su parte, la representación pensada en términos de independencia, asociada con la representación política, implica la idea del representante como fiduciario, como un experto, cuya función es la de tomar las decisiones que considera son en beneficio de sus principales de acuerdo con Manin, Przeworski y Stokes.

El mandato imperativo se encuentra asociado con la forma de representación de intereses corporativa que caracterizó tanto a los estados estamentales como a diversos órdenes políticos feudales a partir del siglo XIII en Europa. Las principales instituciones de este período premoderno de la representación fueron los parlamentos medievales que, con un peso específico desigual en los distintos países, constituyeron instancias de carácter asambleario y de representación corporativa de los distintos intereses de los estratos de la sociedad medieval: la nobleza, el clero y la burguesía quienes en algunos casos se representaban en persona y en otros enviaban a sus fiduciarios. De esta manera, los parlamentos medievales señalan el antecedente histórico de la representación política moderna que surgió con fuerza en los países europeos y en Estados Unidos a partir de los siglos XVIII y mediados del siglo XIX.

Por su parte, la independencia se encuentra íntimamente vinculada con la representación política moderna, cuyo origen se ubica más claramente en la revolución francesa. La Constitución de 1791 implicó en este sentido un punto de inflexión en cuanto a la forma de representación en tanto declaró el rechazo al mandato imperativo y la preeminencia de la nación por sobre los intereses particulares.

Mientras la representación premoderna se encontraba atada a grupos orgánicos o intereses particulares, el cambio hacia la representación moderna implicó la idea de representar todos los intereses, incluso los que no se encontraban organizados. Esta transformación histórica de la representación surgió, de acuerdo a Sartori, por el creciente poder que adquirió el parlamento a medida que además de representar los intereses de los ciudadanos se volvió un órgano soberano con capacidad de gobierno. Es decir, el parlamento al constituirse en un órgano del estado con la pretensión de representar a la nación requirió un mayor nivel de autonomía.

Cotta definió la representación política como: “una relación de carácter estable entre ciudadanos y gobernantes por efecto de la cual los segundos están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los intereses de los primeros y están sujetos a una responsabilidad política de sus propios comportamientos frente a los mismos ciudadanos por medio de mecanismos institucionales electorales”.

De lo anterior se sigue que la representación no implica ni la máxima ampliación de la brecha entre representante y representado, de manera tal que el primero tenga el espacio para poder hacer lo contrario a los intereses del segundo, ni la superposición del representante con el representado de forma tal que se diluya la distancia entre ambos. En todo caso la representación es un complejo entramado que se sitúa en medio de estos dos polos (el mandato y la independencia). Es por ello que cuando Bernard Manin señala que uno de los principios fundamentales del gobierno representativo que se ha mantenido desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad es la prohibición expresa del mandato imperativo, se olvida que la ficción de la promesa vinculante jugó un rol central a la hora de legitimar cualquier elección representativa y, por tanto, de fundar la obligación política. Así, el mandato imperativo, en tanto promesa, ocupó y ocupa un lugar central en el imaginario político. Así, se ha hablado y se habla de que alguien cumplió o traicionó su mandato y muchas veces se evalúa a los gobernantes en este sentido. La representación será siempre un concepto multívoco, por tanto, problemático y cambiante, irreductible a un solo significado. 

Ese mandato imperativo toca la puerta de la gestión del presidente de la República, quien mantiene su postura permanente de aspirante en campaña o en el mejor extremo como jefe de gobierno de la capital mexicana y, dobla su apuesta al conservar en términos generales su proyecto de economía de subsistencia con los programas oficiales, manteniendo al margen cualquier estímulo fiscal y paquete de auxilio para las familias, personas y empresas que forman el corazón de la economía general del país. Se trata de una apuesta peligrosa ante la caída estimada del PIB del 3.9 por ciento en 2020, un contexto global adverso y la volatilidad internacional y la incertidumbre. El presidente supone que podrá mantener sus clientelas a salvo a pesar del escenario que le plantea la realidad.