Escenario político/Daniel Adame

Durante la gestión del presidente, Felipe Calderón Hinojosa, además de la oposición legislativa, la de los gobernadores electos del régimen del PRI, el surgimiento de múltiples cabezas del crimen organizado dominando regiones del país, pusieron a México al borde de la ingobernabilidad.

Con la elección de Presidente para el período 2012-2018, nuevamente el partido antes hegemónico regresó a la silla del águila, con Enrique Peña Nieto al frente, quien con reformas a los estatutos de su partido se erigió en el dirigente supremo de su partido. 

Después, fortaleció la Secretaría de Gobernación, descuidada y menospreciada durante los dos gobiernos anteriores, propuso una nueva forma de combatir al crimen organizado (México en Paz) e impulsó el denominado Pacto por México, con las principales fuerzas políticas del país, es decir, el de Acción Nacional y el de la Revolución democrática.

Fueron 96 los puntos en los que el régimen político y los partidos encontraron coincidencias en la coalición gobernante, en los que se involucraban temas como una segunda generación de reformas de política de ajuste estructural, entre las que se contaban la de educación, la de telecomunicaciones, la de energía, entre otras en las cuales se profundizaba también en las metas de democratización del país, con una reforma electoral, lo mismo que una reforma política para dar un nuevo estatus a la capital del país, cuyo propósito vio ya la luz pública, a fin de ampliar sus capacidades financieras, operativas y económicas.

De los 96 puntos que incluía el pacto, sólo once sustanciales se concretaron, precisamente las reformas que al Presidente Peña y su coalición interesaban. Para la sociedad, quedó de manifiesto que los partidos  de oposición se habían convertido en aliados de las reformas, particularmente las referentes a la energía y la fiscal que, aumentó la recaudación 11 puntos en la gestión Peña Nieto.

A la par de este desgaste del régimen del PRI en el poder, los casos Tlatlaya, en el Estado de México, donde se presume fueron ajusticiados presuntos secuestradores por  agentes militares, y el de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, en el que igual suerte sufrieron jóvenes normalistas, sin que hasta la fecha los hayan encontrado ni definido bien a bien a los responsables materiales e intelectuales, constituyen graves escándalos de violación de los derechos humanos -al menos eso subsiste en la opinión popular debido a las contradicciones en las investigaciones oficiales- del régimen del PRI, recién sepultadas por la gestión AMLO. 

Paralelamente, la administración del presidente, Peña Nieto se vio envuelta en escándalos de corrupción, empezando por el propio Presidente por la adquisición de bienes inmuebles con empresas que sistemáticamente fueron favorecidas en la licitación de obras públicas, lo mismo que sus cercanos colaboradores, como su secretario de Hacienda y el de Gobernación. Y más aún: el favor a empresas afines al régimen, como en la construcción del tren rápido de México a Querétaro, el cual tuvo que ser suspendido. 

Ese paisaje se reproduce hoy (agravado) en la élite política, con la gestión del presidente, López Obrador con dos características que, significan un golpe al corazón mismo de su administración: a) la corrupción como elemento que le permitió distinguirse del resto de los candidatos y obtener la victoria, le ha vuelto la espalda por la política de la realidad a través de los funcionarios de su entorno más íntimo y b) la combinación de las políticas económica, social y de inseguridad no sólo plantean un serio riesgo para la viabilidad de la democratización mexicana, sino que obliga a la insurrección ciudadana y partidista y, ser aliados de la realidad, en la búsqueda de recobrar los equilibrios ausentes de nuestra democracia liberal. 

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