Escenario político/Daniel Adame

El combate de la administración del presidente, Peña Nieto contra el crimen organizado tuvo un eje vertebral con diversos esquemas regionales de operación que, no eliminó la violencia y la corrupción.

Conviene asentar que, al mismo tiempo diversas organizaciones  a lo largo y ancho de la República existían pugnando por la alternativa revolucionaria, por un cambio de modelo económico, elecciones equitativas y transparentes, así como el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad y,  surgieron también los denominados “Grupos de Autodefensa”.

En efecto, la incapacidad de los gobiernos locales y el federal para contener la corrupción y el acoso, lo mismo que la acción impune de la delincuencia, motivaron la organización ciudadana. Sin embargo, eventualmente fue complicado distinguir entre los ciudadanos legítimamente organizados y las bandas delincuenciales escudadas en esta bandera.

A media administración del gobierno de Peña Nieto, a pesar de una narrativa optimista, lo cierto es que en diversas entidades y regiones del país, no son los gobiernos locales ni el de la República los que mandan, sino el crimen organizado, que se ha dado el lujo de derribar helicópteros del Ejército Mexicano de altas especificaciones, bloquear carreteras, e incendiar vehículos en las entidades federativas.

Para las elecciones intermedias de 2015, las paradojas de la inacabada e interminable transición mexicana a la democracia, saltaron nuevamente a la vista. Así es, porque a pesar de los más bajos índices de aprobación de un Presidente, su partido y los aliados obtuvieron mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los dirigentes de las bancadas opositoras principales son los mismos que firmaron la coalición gobernante, y en términos generales, se advirtió un retroceso no sólo del partido en el poder en el número de sufragios obtenidos, sino también de Acción Nacional y del partido de izquierda, el de la Revolución Democrática.

Las excepciones en la contienda intermedia las constituyeron el partido Movimiento de Regeneración Nacional y las candidaturas independientes. El primero, prácticamente se apoderó de una buena parte de las 16 delegaciones políticas (alcaldías) de la capital del país y consiguió ser primera fuerza en el Congreso de Ciudad de México al mismo tiempo de ser incapaz de lograr acuerdos para la gobernabilidad del órgano de gobierno del poder legislativo local, en tanto que en el Estado de Nuevo León, un candidato independiente se alzó con la victoria, ante el hartazgo del bipartidismo encarnado por el Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Recapitulando, a partir de 2018, en el caso México tenemos de vuelta (a pesar del quiebre del sistema electoral) los usos políticos y comunicativos del anterior partido dominante, con un presidente que tiene amplia mayoría en el Congreso de la Unión, su coalición electoral ganó notables e influyentes  gubernaturas, incluida la capital mexicana. El país no sólo sigue militarizado, sino peor aún, ahora lo está con arreglo a la constitución y a pesar de ello, amplias regiones de la nación, están en poder del crimen organizado que impone su ley, al mismo tiempo que como antes, la gestión AMLO, favorece a un grupo en particular, mientras que los partidos de oposición, además de desdibujados ideológicamente y fragmentados, particularmente en el caso de las izquierdas, siguen disputando sus liderazgos y los despojos, entre otros factores de poder que, como el educativo han sido entregados a grupos locales para no dar la impresión de un gobierno abatido, ya no por esos sectores, sino por la coyuntura crítica de la crisis sanitaria global, la popularidad del presidente en notable descenso y una política económica (ausente) para el sector producto mexicano que, mantiene a la deriva a los agentes económicos: personas, familias y empresas sin viabilidad y con márgenes negativos hacia la administración del presidente, López Obrador que, no genera la confianza para la inversión ya nacional o extranjera y que hubo de ir a buscar (en Washington) enrolarse al destino económico (incierto) del presidente, Trump, a cambio de enunciar una imagen pública que, busca apuntalar al presidente estadunidense en torno al trato de su administración con los migrantes mexicanos.

Por tanto, conviene nuevamente plantear el problema: ¿México se encuentra en 2020, avanzando en su proceso (interminable) de democratización?

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