Escenario político/Daniel Adame

La declaración de validez y de presidente electa por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de la primer mujer en ocupar la silla del águila no se generó por política pública, sino por la designación de Claudia Sheinbaum por el presidente de la República. 

Dos ejemplos más: la titular de la sala superior del TEPJF está allí por un acuerdo político que desplazó al magistrado que oupaba esa silla. La presidente del INE llegó a su cargo por sorteo. Al mismo tiempo, hay un aumento en los feminicidios en el país y, se requiere diseñar una política pública con énfasis en la igualdad de oportunidades, dado que hasta ahora, las mujeres de la élite política han accedido a sus cargos por esfuerzo propio y por coyunturas. 

Por lo que toca a la calificación de la elección presidencial, destacan los actos anticipados de campaña con el proceso organizado por AMLO/Morena (las corcholatas) un conjunto de impugnaciones opositoras (alrededor de 245) sin la potencia necesaria y con una oposición descolocada, la delincuencia organizada en su plenitud y la abierta intervención del presidente de la República a favor de su coalición desde la gobernanza de su conferencia de medios. 

Por lo que hace a la sobre representación, en agosto 23 el INE asignará la distribución del poder político en las cámaras de diputados y senadores con la expectativa de  una votación dividida en un debate en que decidirán si asignan la sobre representación por partido o por coalición, (en 2018 y 2021 el criterio dominante fue por partido). Por tanto, la interpretación será crucial, ante los golpes espectaculares de la secretaría de Gobernación que desde junio 3 interviene en la discusión arbitraria e ilegalmente. Todo lo anterior arrojaría si prospera la pretensión de Morena, la construcción (otra vez) de un régimen de partido de Estado, en que una única fuerza electoral decida sin consultar a nadie el futuro de la democracia.

En torno a la reforma judicial planteada por el oficialismo, los magistrados electorales de la sala superior (por ejemplo) permanecerían en sus cargos hasta 2027 y sin embargo, al momento de la publicación de la reforma constitucional de la rama judicial, sus salarios se reducirían en 60%. Los jueces y magistrados federales cesarían en sus cargos a más tardar en dos años, lo mismo que los miembros de los poderes judiciales de las entidades federativas y, la planta laboral del poder judicial de la Federación tendría a salvo sus derechos laborales adquiridos (si bien veremos el destino del paro nacional previsto para agosto 21 y sus consecuencias en los asuntos en curso en el poder judicial). 

Imaginemos el horizonte mexicano de los próximos años con jueces designados por sorteo en perjuicio de la seguridad jurídica para las inversiones (por ejemplo) que, arrojaría impactos negativos notables. 
En el escenario del oficialismo, en junio de 2025 cesan las funciones de la mitad de jueces y magistrados y, a más tardar dos años después, el resto. Una yuxtaposición a 1994 nos confronta con la realidad de ese día en que por consenso y con sólidos perfiles se renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pasar de 26 a 11 miembros, por ejemplo. 

La coyuntura del sorteo también derivó en que los consejeros electorales más recientes obtuviesen su cargo con perfiles vulnerables y las consecuencias están aquí y ahora con un desacuerdo fundamental que impidió al consejo general del INE el consenso para designar sus propios servidores públicos en su órgano superior de dirección. 

Del Tintero. 
La evolución del poder judicial de nuestro país atraviesa por su profesionalización y capacitación. No debe olvidarse que por su lado, la titular de la SCJN no hizo una contrapropuesta para combatir (las ideas) del oficialismo. Nos aproximamos hacia años complejos que, como en la metáfora de Churchill, el régimen hegemónico estaría montado sobre un tigre del cual no se podría bajar dada su creciente hambre. 

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