Escenario político/Daniel Adame Osorio

Giran en torno a la conveniencia de las alianzas, sobre todo si aunque se consiga el fin primario de conservar el registro, equivale a la futura subordinación casi total a los partidos que lo respaldaron para mantenerse en juego en la arena político-electoral.

En primera instancia, pone en tela de juicio el liderazgo mismo del partido que logra sobrevivir por la ayuda de alguien más, ya sea el régimen, u otras fuerzas partidistas.

En segundo término, limita sus posibilidades de postular a sus propios candidatos, bajo el argumento de aquellos que lo rescataron de que le deben su permanencia en el sistema electoral o que sus candidatos son más fuertes y cuentan con un mayor respaldo, prestigio y/o trayectoria.

Finalmente, si decidiera ir solo a la contienda confiando en sus propios seguidores, también enfrenta un alto grado de incertidumbre al tratar de conservar su registro:

a)​La necesidad de postular un muy buen candidato, en el entendido de que pocos querrían ser promovidos por un partido que tiene más posibilidades de perder su registro.

b)​La disponibilidad de recursos económicos extraordinarios para hacer frente a la contienda electoral en la que los partidos superiores a él reciben mayores prerrogativas.

c)​La indispensable estructuración de una campaña eficaz que si bien no les garantice escaños, les ayude a conservar su registro.

Que un partido en agonía de presencia en la arena electoral decida o no promover o aceptar una alianza estratégica depende de los incentivos para ello.

Se plantea que despertar expectativas favorables sobre la viabilidad es fundamental en las etiquetas de partido. Una de sus propiedades es transferir un cierto número de votos habituales al total de un candidato. Es justo esto lo que haría el régimen o algún partido político; llevarle votos para garantizar su permanencia en la arena política, pero a cambio el partido en agonía tendría que comprometer sumisión ideológica y de suma de votos y respaldo a sus políticas y proyectos para que a otros les resulte favorable la alianza estratégica.

Las características pertinentes a la nominación dependen del problema de fondo. Si uno está interesado en el voto estratégico y en la coalición electoral, como es nuestro caso, las leyes pertinentes son aquellas que regulan las candidaturas fusionadas y las listas conjuntas. 

El oficialismo depende de una coalición electoral sólidamente organizada para sobrevivir, dado que la fuerza del partido-movimiento dominante, no descansa en un aparato sino en el modelo de partido carismático cuajado en el lopezobradorismo y, ese contexto ha orillado al presidente a polarizar no sólo a la sociedad, sino a los miembros del poder publico con su estrategia ABC. 

El plan A fracasó en cámara de diputados cuando las oposiciones alcanzaron en 2021 dos millones de votos más que el oficialismo y, lo dejaron sin los votos necesarios para reformar la Constitución. 

Ahora, las seis leyes del plan B que, modificaba la estructura, funcionamiento y, garantías para disponer de elecciones libres, auténticas y periódicas ha sido suspendido indefinidamente por la SCJN en su totalidad y, si a más tardar el próximo junio 2, la Corte no ha resuelto la inconstitucionalidad del plan B, iremos a la competencia política de 2024 con la normativa previa (la reforma constitucional y legal de 2014). 

La idea de capturar la presidencia del INE con uno de los suyos, plantea para el oficialismo un inconveniente: la arquitectura constitucional administrativa del INE no descansa en la presidencia del órgano superior de dirección, sino en la secretaría ejecutiva, además de la impugnación ante el TEPJF si prospera el escenario de un oficialista en la presidencia del INE. 

Al final, toda la operación lopezobradorista por la modificación de las reglas del juego implica que la formación del poder político en México descansa antes y ahora en la concentración del poder por el beneficiario de la silla de águila y, es el tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al suspender el plan B, ha evitado la violación de nuestro principal derecho humano al voto libre y auténtico y, con ello dar viabilidad al futuro de la democracia. 

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