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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de junio de 2016.- La organización internacional Open Society Justice Initiative, presentó este martes su informe Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México, donde destaca que existen “bases razonables” para señalar que la fuerza del Gobierno y el grupo criminal de Los Zetas, han cometido crímenes de lesa humanidad contra la sociedad civil durante la última década.
El informe, que fue realizado junto con cinco organizaciones mexicanas, asegura que los patrones de violencia que prevalecen en México desde que se implementó la “guerra contra las drogas” así como la intensidad y frecuencia con la que se cometen asesinatos, desapariciones y tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El actuar ilícito de las fuerzas gubernamentales mexicanas y la actividad de grupos del crimen organizado provocan que las atrocidades contra la sociedad civil sean un fenómeno generalizado en México”, señala el documento.
El documento presentado desde el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, donde se dieron cita un gran número de organismos civiles, así como víctimas y familiares de muertos y desaparecidos en el país, acusa a los últimos gobiernos de fallar “casi por completo” en la rendición de cuentas por crímenes atroces, debido, dice, principalmente a la obstrucción política.
En ese sentido, James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, reconoció que el Gobierno mexicano ha mostrado liderazgo en temas de Derechos Humanos fuera del país, sin embargo, aseveró que es tiempo que el discurso se lleve a cabo “en casa”.
“Es tiempo para que lo haga en casa y hacer frente a la crisis de confianza en el sistema judicial del país mediante la investigación y el enjuiciamiento de crímenes atroces en México”, dijo.
Se indicó que desde 2006 el Gobierno federal ha mantenido una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, justificándolo como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado.
Sin embargo, se detalló que dicha estrategia sólo ha servido para poner en la mira a cualquier civil “supuestamente” vinculado con las organizaciones criminales; al mismo tiempo de que se ha reforzado una impunidad casi total para los funcionarios federales que ejercen dichos actos de violencia.
Al respecto, el reporte destaca que desde diciembre de 2006 y hasta 2015 más de 150 mil personas fueron asesinadas “intencionalmente” en México, a lo que se deben sumar “miles de personas que han desaparecido” y la presencia generalizada y sistemática de tortura.
Sobre el Cártel de los Zetas, se informó que ésta se califica como “organización” conforme al Estatuto de Roma, “debido a su estructura jerárquica, control sobre un territorio y su capacidad para cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil”, detalla el informe.
“Se ha propuesto controlar el territorio a través de la violencia con el objeto de obligar a otros actores delictivos a pagarles una parte de sus ganancias. Al instrumentar esta política, los Zetas han cometido una serie brutal de atrocidades, que incluyen asesinatos, torturas y desapariciones que siguen patrones identificables.
El cártel ha perseguido a la población civil a fin de mantener su control territorial a través del terror. Los numerosos asesinatos, desapariciones y torturas perpetrados por el cártel durante varios años, de una manera sumamente organizada, sugiere claramente que los Zetas cometieron estos crímenes de una manera generalizada y sistemática”.
“Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México”, es un informe que incorporó más de tres años de investigación, que el crimen a escala nacional entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015. En este sentido, toma en cuenta actividades del sexenio de Felipe Calderón y tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto e incluye investigaciones en cinco entidades: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro.
La Open Society Justice Initiative realizó esta investigación junto con cinco instituciones mexicanas independientes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).