Exigen mujeres ante Senado no aprobar leyes militaristas

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2022.- En un acto de resistencia feminista antimilitarista, un colectivo de mujeres entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, un desplegado para exigir a los senadores no violar la Constitución ni aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran la vida, la integridad y la seguridad.

Encabezadas por la politóloga Denise Dresser y la activista Paola Zavala, leyeron una misiva enérgica para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública. “Una estrategia bélica que continúa una guerra fallida no puede generar un contexto de paz”, indicaron. 

Previamente, el Colectivo Resistencia Feminista increpó a la senadora Citlalli Hernández Mora, también secretaria general del partido Morena, a quien también le entregaron el desplegado. 

Respetuosamente, el líder de Morena, Ricardo Monreal atendió a las mujeres activistas. Pero no le gustó la efusividad de Denise Dresser quien le pedía el uso de la palabra desde el área de conferencias. 

En lectura del comunicado, el Colectivo manifestó su esperanza de que lleve al grupo parlamentario de Morena y de los otros partidos a rechazar la militarización del país.

“Somos más de 445 organizaciones quienes firmamos este desplegado, que pueden encontrar en las redes sociales”, indicó Zavala al advertir que la bancada de Morena y aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, sin una discusión profunda, una serie de reformas legislativas que implican, de fondo, que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de la Defensa (Sedena), violando el artículo 21 de la Constitución, entre otros.

Las feministas piden también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización, pues “el país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos”.

Y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito con perspectiva interseccional y restaurativa a nivel federal, estatal y municipal.