Falta de presupuesto debilita combate a pobreza y desigualdad: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la falta de un presupuesto elaborado con perspectiva de derechos humanos debilita el combate a la pobreza, desigualdad y a los grupos vulnerables de atención prioritaria como personas migrantes y sus familias, niñas, niños y jóvenes; trabajadoras y trabajadores agrícolas, así como también afectan al respeto y protección de los derechos a la educación y a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

La pobreza, añadió CNDH en un comunicado, reduce las capacidades de las personas, limita sus libertades y agrava los factores de vulnerabilidad que acentúan la exclusión y discriminación. Al obedecer a factores económicos, sociales, culturales, ambientales e incluso políticos, es necesario atenderle de manera multidimensional.

La CNDH saludó la intención reiterada de las nuevas autoridades que próximamente entrarán en funciones, de asumir el combate efectivo y real al problema de la pobreza en nuestro país como una prioridad en los planes, programas y políticas públicas que estarán vigentes en los próximos años.

El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional, elaborado por la Fundación para la Paz en Guerrero, afirmó que “la pobreza no es solo un indicador de la situación económica de un país sino, antes que nada, es un asunto de dignidad humana”.

Acompañado en el presídium por Rogelio Gómez Hermosillo, asesor de Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza y Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general, puntualizó que el combate a la pobreza implica que las personas tengan acceso a mayores recursos, así como a mejores oportunidades de desarrollo y al debido ejercicio de sus derechos. Abatir la pobreza da a las personas autonomía y libertad; preservarla propicia dependencia y subordinación, aseguró, para enfatizar la necesidad de impulsar un salario digno, ya que la Línea de Bienestar asciende a un valor mensual por persona de dos mil 975 pesos.

Expresó que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 43.6 por ciento de la población nacional estaba en situación de pobreza en 2016, es decir, 53.4 millones de personas, de los cuales 9.4 millones se encontraba en situación de pobreza extrema, mientras que la Comisión Económica para América Latina refiere que en México el 1 por ciento de los adultos más ricos concentra el 36 por ciento de la riqueza total.

El Coneval señaló que existían en 2016: 21.3 millones de personas con rezago educativo; 19.1 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud; 68.4 millones de personas con carencia por acceso a la seguridad social; 14.8 millones de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda; 23.7 millones de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; y 24.6 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación.

González Pérez expuso que es necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es tema de derechos humanos, ya que impide la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente y la realización de diversos derechos básicos, por lo que debe impulsarse un salario digno. Los ingresos de una persona deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, para sí misma y su familia. De acuerdo con el Coneval, 21.4 millones de personas tienen ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Rogelio Gómez Hermosillo señaló que no se puede medir el cumplimiento de los DESCA, pero sí los indicadores de su incumplimiento, pero los actuales no son suficientes y se pueden prestar a simulación debido a que no cubren el conjunto de los derechos, sino solo aquellos en los que existe información estadística disponible.

Mencionó que el estudio cuenta con indicadores que permiten orientar y comprender la política pública; se les buscó en las fuentes oficiales para localizar situaciones de incumplimiento en el ejercicio de derechos que ayudan a orientar decisiones de política pública, lo que permitió organizar por secciones los derechos y las condiciones de personas en situación de vulnerabilidad que presentan discriminación estructural para colocarlas por ciclos de vida, para que conozcan su realidad respecto de la protección y promoción de los derechos humanos.

Previamente, Jorge Ulises Carmona Tinoco afirmó que el Estudio, primero en su tipo, propone formas de aplicación del enfoque de derechos a las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la desigualdad, conforme al mandato constitucional previsto en el artículo primero. En sus cinco secciones permite apreciar el impacto de la pobreza en el debido goce y ejercicio de los derechos humanos.

En el análisis se plasma un ejercicio de aplicación práctica, particularmente en los municipios de la Costa Grande de Guerrero: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana; este caso para Guerrero concluye con tres recomendaciones de estrategia general para avanzar en el ejercicio de los DESCA: la importancia de asumir el enfoque de esos derechos en las políticas y acciones de gobierno; fijar objetivos medibles para cambiar condiciones de ejercicio de esas garantías en las personas conforme a su ciclo de vida, y generar cambios detonadores.

Aseguró que el Estudio contribuirá a la comprensión de la pobreza, de los mínimos indispensables y la ampliación progresiva de los DESCA.

El Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional y el Resumen Ejecutivo pueden consultarse en las siguientes ligas:

Estudio

Resumen Ejecutivo