García Luna, el socio incómodo de El Chapo/Ricardo Ravelo

El rechazo de la fianza de un millón de dólares que propuso Genaro García Luna para salir de prisión confirma, una vez más, que el ex funcionario mexicano tiene estrechos lazos con el Cártel de Sinaloa y, por ello, existe un elevado riesgo de que se fugue. A esta conclusión llegaron las autoridades estadunidenses que siguen el caso de este personaje, cuyo juicio dará inicio muy pronto.

En días pasados, el abogado de García Luna, César de Castro, expuso al fiscal Brian Cogan –el mismo que sentenció a Joaquín Guzmán Loera a cadena perpetua– que mientras inicia el juicio en contra de su cliente éste tiene derecho a estar en libertad.

Por ello, ofreció pagar un millón de dólares, garantizadas con algunas propiedades que García Luna tiene en Estados Unidos. Paralelamente, propuso que no existe ningún impedimento para que su cliente sea vigilado las veinticuatro horas del día y argumentó las razones por las que no puede fugarse:

–Porque sus hijos y su esposa radican en Estados Unidos; además, lleva varios años viviendo en ese país y tiene razones de peso para permanecer; expuso, además, que García Luna no tiene dinero ni en Estados Unidos ni en México.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a que, para las autoridades estadunidenses, García Luna sí puede evadir la acción de la justicia y ésta sospecha se refuerza, según la fiscalía norteamericana, en razón de que el ex secretario de Seguridad Pública tiene estrechos lazos con el cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa del planeta.

Y es que, en efecto, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón el cártel de Sinaloa fue la organización criminal que más creció dentro y fuera de México: el 19 de enero de 2000 comenzó la expansión de Sinaloa con la fuga de El Chapo Guzmán. Fox llevaba 19 días en el poder.

Al respecto circularon dos versiones no distantes de la verdad: que el capo pagó una suma de dinero descomunal para que lo dejaran en libertad y, la otra, que Guzmán Loera en realidad planeó su fuga mediante un plan largamente maquinado. Ambas fueron investigadas por la Procuraduría General de la República. Las conclusiones: que El Chapo pagó y fue ayudado a escapar.

En Puente Grande –el penal de máxima seguridad de Jalisco– la máxima seguridad se redujo al mínimo: El Chapo corrompió a todos los funcionarios y, así, pudo allanar el camino hacia su libertad. El gobierno de Vicente Fox no fue ajeno al plan de fuga. El Chapo era un personaje necesario en el esquema criminal de los panistas en el poder.

Tan pronto se fugó, Guzmán Loera comenzó a diseñar la estrategia para posicionar a Sinaloa como el principal cártel de México y del continente: se realizó una cumbre en Nuevo León. Asistieron Ismael Zambada García, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, los hermanos Beltrán Leyva e Ignacio Nacho Coronel.

El plan para entronizar al Cártel de Sinaloa se puso en marcha con tres objetivos: acabar con la hegemonía de los hermanos Carrillo Fuentes –en ese tiempo ya estaban debilitados tras la muerte oficial de El Señor de los Cielos, pero le estorbaban a El Chapo en sus planes expansionistas.

Otro objetivo: exterminar a Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo en ese tiempo, uno de los grupos criminales más violentos que ocupaban varias plazas en el país. Y, finalmente, detener o asesinar a los hermanos Arellano Félix, jefes del Cártel de Tijuana. Todo esto se cumplió:

Rodolfo y Vicente Carrillo, en efecto, fueron eliminados: el primero fue asesinado, el segundo, encarcelado.

Ramón Arellano Félix fue ejecutado en Mazatlán, Sinaloa. Se asegura que había viajado a esa ciudad para asesinar a El Mayo Zambada, pero durante una riña, ocasionado por un problema de tránsito, quiso matar a un policía pero éste le disparó en la cabeza sin saber de quién se trataba. Luego la DEA confirmó que quien había muerto era Ramón Arellano, el más beligerante de la familia.

Posteriormente fue detenido Benjamín Arellano. Se le ubicó en Puebla y ahí fue capturado. Fue encarcelado en el penal de La Palma y luego extraditado a Estados Unidos. Por otra parte, la guerra contra Los Zetas se cumplió a pie juntillas. Vicente Fox cumplió con el Cártel de Sinaloa y después siguió Felipe Calderón con los mismos planes y la protección a ese grupo criminal.

En este sexenio, el de la guerra fallida, fue cuando Genaro García Luna se ligó al cártel, de acuerdo con las investigaciones estadunidenses. Y es que Sinaloa lo controlaba todo: tenían amplios dominios para el trasiego de drogas a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fue tanto el control que ejercían en esa terminal aérea que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a considerar a dicha terminal como una de las más importantes para el narcotráfico y, en particular, para Sinaloa, por lo que encendió las alertas.

De igual forma, el Cártel de Sinaloa penetró a la PGR y compró a altos funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada; cooptó a militares e hizo lo propio en la embajada de Estados Unidos en México. Sinaloa pagaba medio millón de dólares mensuales a los altos mandos de las Siedo a cambio de información sobre investigaciones, extradiciones y operativos.

La red de corrupción alcanzó a militares y marinos, quienes al igual que García Luna terminaron al servicio del narcotráfico.

García Luna fue una pieza clave en la protección que se otorgó a Sinaloa durante el gobierno de Felipe Calderón. Ahora se explica, por ejemplo, por qué había tantas fallas en la implementación de los Operativos Conjuntos contra el narcotráfico: la realidad era que el objetivo oficial no era exterminar al crimen, sino protegerlo.

Los golpes, sin embargo, se asestaban en contra de los enemigos de Sinaloa. Un ejemplo de ello fue evidente cuando los hermanos Beltrán Leyva rompieron con Sinaloa. Cuando esto ocurrió de inmediato se ordenó perseguirlos y acabarlos. Esto derivó en el operativo en el que Arturo Beltrán, El Barbas, fue ejecutado.

García Luna ha negado cualquier vínculo con el cártel de Sinaloa, pero la expansión de esa empresa criminal fue evidente en medio de la guerra que ordenó el entonces presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, contra García Luna existen muchas evidencias que lo vinculan: se habla de llamadas telefónicas, mensajes, entrega de sumas millonarias en dólares.

Por ello, se le acusó de tres delitos de narcotráfico y de mentir ante las autoridades migratorias. El fiscal Brian Cogan tiene claro su objetivo: probar que el exsecretario de Seguridad Pública era un narcotraficante del más alto nivel que al mismo tiempo despachaba como secretario de Estado en el gobierno de Calderón.

De probarse todas las acusaciones, García Luna podría hacerle compañía al Chapo Guzmán, su presunto socio, según las autoridades norteamericanas.