Reconocen errores en lista de aspirantes a elección judicial, tras queja
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2017.- El incremento en el precio de los combustibles y el aumento de impuestos locales y municipales –como el predialazo escondido que deben pagar quienes viven en la Ciudad de México– han impactado de manera directa en la economía de millones de familias que viven al día con salarios de hambre, advirtió la Arquidiócesis de México.
En su editorial Recortes y austeridad, publicada este domingo, la Iglesia criticó que sea la clase política a la que menos repercute esta crisis.
“Las autoridades argumentan que las medidas son dolorosas, pero necesarias para el futuro, si no se quieren eliminar programas de desarrollo, servicios públicos de salud y de seguridad social. No obstante, hay privilegiados a los que el gasolinazo hace lo que al viento a Juárez: la clase política se encuentra en la cúspide de esta pirámide de injusticia y avaricia; son éstos los que aderezan el discurso con un poco de demagogia populista y juran que es tiempo de amarrarse el cinturón para demostrar la austeridad urgente de estos tiempos.”, señaló.
Lamentó que si bien las autoridades aseguran que hay una recuperación del poder de compra, la realidad indica lo contrario.
Señaló que en los últimos tres años, los productos básicos subieron cerca del 27 por ciento, y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó en 11 por ciento.
“Esto sin duda se agravará por eventuales incrementos a los combustibles y energéticos indispensables en los hogares –gas LP y electricidad– sujetos a las leyes de la oferta y la demanda”, expresó.
Expresó que la clase política y la burocracia instaladas en las estructuras del poder “han echado mano del dinero de forma oscura, con criterios opacos para gastar más de lo asignado, generándose el endeudamiento impagable, o bien, por subejercicios sin justificación”.
Urgió a revisar y ajustar lo necesario, eliminar lo no funcional y aplicar correctamente los recursos.
Además, llamó a analizar los dineros destinados a una errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República que, “en todo el gobierno federal, goza de un presupuesto de casi 2 mil mdp para dañar la imagen presidencial con retóricas desafiantes; acabar con sueldazos de casi medio millón de pesos mensuales de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prestaciones y privilegios; reducir el indecente financiamiento público de los partidos políticos que en el 2017 se repartieron la nada despreciable cantidad de 4 mil millones; acabar con las inmorales prebendas de diputados, senadores y de todos aquéllos para quienes el gasolinazo es sólo noticia en la sección de política de cualquier diario nacional”.