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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo de 2026.- A una semana del derrumbe en un edificio de San Antonio Abad, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega aseguró este martes con documentos que la demolición fue autorizada por el gobierno capitalino y no por su demarcación.
En conferencia de prensa, la alcaldesa señaló que el edificio de San Antonio Abad 124 se derrumbó durante una demolición autorizada por el Gobierno de la Ciudad de México, cuyo permiso obligaba a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad del edificio y todo alrededor.
“Todo bajo Sevivienda. Sin ese permiso, hoy no estaríamos lamentando tres muertes”, enfatizó.
Rojo de la Vega recordó que, tras el sismo de 2017 se creó la Comisión para la Reconstrucción, encabezada por César Cravioto, hoy Secretario de Gobierno de Brugada.
En 2018 crean el Acuerdo de Facilidades, una excepción a la ley que permite demoler más rápido, saltando requisitos, el cual, dijo, solo el gobierno de CDMX lo otorga (Art. 6, Ley de Reconstrucción).
“El 14 de marzo de 2025, el gobierno de Brugada renueva el Acuerdo. Lo más grave: permite que Sevivienda autorice demoliciones incluso sin estudios y sin programa de protección civil. Pueden tirar un edificio sin cumplir requisitos básicos de seguridad. Así lo decidieron ellos”, condenó.
En los documentos que presentó la alcaldesa de Cuauhtémoc, señala que el 26 septiembre de 2025 la empresa pide permiso a la Alcaldía y el17 octubre de ese año la demarcación detecta 10 riesgos graves, por lo que se negó la demolición.
Sin embargo, el 20 de octubre de 2025, tres días después, el gobierno capitalino la habría autorizado con su Acuerdo de Facilidades.
El 9 de marzo, se derrumbaron tres niveles del inmueble en demolición ubicado sobre la avenida San Antonio Abad 124 y la calle Alfredo Chavero, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Como saldo, tres trabajadores murieron bajo los escombros, mientras que uno más fue rescatado con vida y trasladado a un hospital.
A partir de ese día, comenzó una polémica por quién había autorizado la demolición.




