Gobierno federal no descarta controversia por Ley de Víctimas: Poiré

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio (Quadratín México).- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, indicó que no se descarta la posibilidad de establecer una controversia constitucional respecto a la Ley de Atención a Víctimas, si bien habrá que esperar a revisar la comunicación del Senado de la República.

En conferencia de prensa, Poiré Romero aseguró que la preocupación del Ejecutivo federal en torno a la ley es garantizar que se convierta en un instrumento eficaz y que los estados se encuentren en capacidad de cumplir con sus términos.

Explicó que en sus términos actuales, corre el riesgo de no funcionar adecuadamente porque carece del soporte constitucional, sobre todo en lo que toca a la atención a las víctimas por los estados.

Esto es muy peligroso porque nueve de cada 10 delitos se cometen en el fuero común y si los estados no cuentan con instrumentos eficaces para atender a las víctimas, se corre el riesgo de que la mayoría  no sea atendida, alertó.

Asimismo defendió la actuación del Ejecutivo federal en la materia al señalar que las observaciones fueron atendidas en tiempo y forma, ha procurado evitar que la ley vaya en detrimento de las víctimas y pretende garantizar que todos los afectados sean atendidos.

Alejandro Poiré no descartó que se recurra a la controversia constitucional, aunque todo dependerá de la comunicación que llegue del Senado de la República.

La víspera, el Senado de la República ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob), que publicara la Ley de Atención a Víctimas a pesar de que la dependencia federal la había regresado al Congreso con algunas observaciones a fin de mejorarla.

También en el tema de las garantías fundamentales, adelantó que durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la que acudirá este viernes exhortará a firmar los convenios para aplicar la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Con ello se garantizará el compromiso explícito en los estados para proteger a comunicadores y activistas de las garantías individuales, a través del mecanismo derivado de la ley que se instaló apenas el martes pasado.

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