Hasta 16 años de cárcel a quienes ejerzan la tortura

href=»http://mexico.quadratin.com.mx/hasta-16-anos-de-carcel-a-quienes-ejerzan-la-tortura/tortura-3/» rel=»attachment wp-att-65925″>CIUDAD DE MEXICO, 13 de diciembre (Quadratín México).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta de reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, estableciéndose penas de siete a 16 años de cárcel a quienes incurran en este delito o en tratos crueles e inhumanos, así como multa de 500 a mil días de salario mínimo, e inhabilitación permanente para el desempeño de cualquier cargo público.

Dicha minuta fue devuelta al Senado, cámara de origen, donde fue presentada en marzo de 2011 por el entonces senador Ricardo Monreal Ávila, actual coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, quien lo elaboró junto con otros dos legisladores del PRD.

Esta minuta, que dictaminó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, prohíbe la tortura y evita tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes hacia toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

La norma establece que se entenderá por tortura todo acto realizado que cause penas o sufrimientos físicos o mentales a una persona con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin.

El texto señala que la aplicación de métodos para anular la personalidad de la víctima o a disminuir la capacidad física o mental de una persona, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, también será catalogada como tortura. Estos delitos se investigarán y perseguirán de oficio.

Para los efectos de la determinación de los días de multas, se considerará lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El dictamen aprobado, adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación también se modifica para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El documento refiere que para cumplir con esa responsabilidad se requiere de la más alta profesionalización de todos los servidores públicos, a efecto de que se haga con los derechos humanos como base esencial de la misma.

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