Historias Surrealistas

La censura: Palacio aprieta el puño

Una tarde de noviembre de 1984, una comandante rubia, de cabello ensortijado, pequeña de estatura, me miró fijamente y, mientras con su mano derecha acariciaba su pistola escuadra, para mostrarla, lo dijo de manera directa: “no nos gusta lo que escribe para enviarlo a su periódico de México”.

Faltaban pocos días para que se realizaran las elecciones presidenciales en Nicaragua, que ganó rotundamente el jefe supremo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega Saavedra, después de la revolución que tiró al dictador Anastasio Somoza Debayle, familiar, por cierto, de la socialité nicaragüense, que no mexicana, Martha Debayle, cuando la amenaza de aquella comandante no dejó lugar a dudas.

No nos gusta lo que difunde su periódico mexicano sobre otros políticos. Aquí en Nicaragua sólo el sandinismo es lo mejor para el pueblo. No queremos que vuelva a entrevistar a otras corrientes. Ya usted sabrá qué es lo que hace, pero quédese con este llamado”, dijo tajante aquella militar de estatura pequeña.

El enojo de esa militante sandinista, y seguramente de sus superiores, había sido causado por entrevistas que realicé entre candidatos de todas las ideologías, a la presidencia de Nicaragua. Políticos de izquierda, de derecha, de centro, ateos o religiosos. Particularmente, les habían enojado declaraciones del aspirante de tendencia cristiana.

Mi respuesta no le dejó lugar a dudas: “El Universal es un diario plural, que da cabida a todas las posturas y yo tengo la obligación de escuchar todas las voces”, y así lo hice durante el tiempo que permanecí como enviado especial en una Nicaragua convulsionada por la guerra, pero que aspiraba a tener una vida democrática, después de años de enfrentamientos.

Al pasar de los años, Daniel Ortega Saavedra, cerró diarios y persiguió a periodistas y finalmente se convirtió en un dictador, asesino, represor, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y opositores, igual o peor que Somoza, e, incluso, ahora señala que no habrá nuevamente elecciones en ese país. De ese tamaño su cinismo.

Allá aprendí directamente que los izquierdistas, de cualquier corriente, son autoritarios y cuando tienen el poder tratan de acallar cualquier crítica, ya sea de opositores, de ciudadanos o de periodistas.

LA SOMBRA DE LA CENSURA

Recuerdo la anécdota, porqué ahora en México gobierna precisamente la izquierda, que sabe perfectamente que controlar la información es una tarea fundamental para sus planes propagandísticos.

Durante más de sesenta años, los gobiernos del PRI ejercieron un control casi total sobre los medios de comunicación. Los llamados electrónicos (radio y televisión), tenían encima de sus cabezas la amenaza del retiro de la concesión otorgada por la Secretaría de Gobernación para emitir sus señales, mientras que la prensa escrita dependía de la venta de papel periódico, realizada por la paraestatal Productora e Importadora de Papel S. A. (PIPSA). Ningún diario podía adquirir papel en el exterior, porqué sencillamente no estaban autorizadas estas compras.

Esta doble pinza era cerrada por dos elementos más: el embute que recibían periodistas y propietarios de los medios y la publicidad oficial entregada a los medios complacientes y restringida a los críticos. El gobierno de la 4 T actúa ahora de manera similar: publicidad y dinero a la prensa cuatrotera.

Sólo que las cosas irán mucho más allá de lo que hizo el PRI. Sí la situación no cambia, el Gobierno Federal de izquierda aplicará medidas para sancionar todo lo que afecte su reputación, escondidas bajo una falsa defensa de derechos de las audiencias.

Los llamados Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México —actualizados bajo un proceso de consulta pública gestionado por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)— son un conjunto de REGLAS OBLIGATORIAS para las empresas de radio y televisión (abierta y de paga) tanto comerciales, públicas como sociales.

Su supuesto objetivo principal es salvaguardar los derechos constitucionales de los usuarios frente a los contenidos que transmiten los medios de comunicación. Consideran que los medios estarán obligados a garantizar y respetar las siguientes garantías fundamentales para el público, como difundir información veraz y oportuna.

Se establece la responsabilidad de no difundir información falsa, descontextualizada o presentar hechos antiguos/históricos como si fueran actuales; diferenciar entre noticia y opinión, mientras que los programas informativos deben utilizar recursos claros (menciones verbales, plecas, mensajes en pantalla o cortinillas) para que la audiencia distinga claramente qué es un hecho noticioso objetivo y qué es la opinión del conductor o comunicador.

De igual manera, los medios deberán otorgar el derecho de réplica (lo cual ya existe) y se tendrá que informar a las audiencias que cuentan con este recurso en caso de que se difundan datos falsos o inexactos que afecten a su persona.

Otras propuestas suenan del todo lógicas, como que cada medio tenga un Código de Ética Obligatorio (muchos ya lo tienen), en el que se comprometan explícitamente a respetar los derechos de las audiencias y detalle los mecanismos internos para procesar inconformidades, por medio de defensorías de las audiencias independientes.

Si bien todo esto hace pensar como algo positivo para la vida democrática del país, en realidad encierra una trampa. Debe recordarse que el derecho de réplica ya está garantizado por los artículos 6 y 7 de la Constitución, relacionados con las libertades de expresión y de prensa y cualquier persona afectada puede demandar a quienes se sienten afectados por información difundida en prensa.

Las muestras de intolerancia de la 4T es palpable, con sus espacios, difundidos con dinero público, para demostrar que muchas noticias son mentira, a pesar de que son palpables verdades. Se recuerda con sarcasmo la afirmación tonta de aquella señorita Vilchis, que ante una noticia verdadera que no le gustó al gobierno de López Obrador, durante una mañanera se atrevió a decir: “Sí es verdad (la noticia), pero se exagera”.

¿Cómo se mide la exageración en una noticia? ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién es la autoridad responsable de definir que es una exageración en la prensa?

Y aquí está la trampa: en sus lineamientos, el Gobierno ya definió que tendrán sanciones quienes incurran en “mentiras” y no difundan “verdades”. Obviamente, las “verdades” sólo serán las que desee difundir el Gobierno y cualquier “mentira” será la noticia que afecte su prestigio y credibilidad (aunque sea verdad).

Hice referencia a lo que viví en Nicaragua hace 42 años, porqué en ese país el gobierno de izquierda eliminó a la prensa libre, como también ocurrió en Venezuela o en Cuba, en donde sólo existen el diario Granma y panfletos oficiales, ni que decir en Corea del Norte o en la Unión Soviética, durante los peores años del comunismo.

Palacio Nacional ya empezó la estrategia en contra de cualquier voz crítica, bajo una falsa defensa de las audiencias. Empieza a cerrar el puño y esto debe impedirse. No sea que mañana sea demasiado tarde, como en otros países en donde gobierna la izquierda, en otras naciones ya ocurrió. No dejemos que pase aquí.

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