Historias Surrealistas

Sinaloa: dos años de guerra

Rubén Rocha Moya se separó de la gubernatura de Sinaloa, Graciela Domínguez, su amiga e incondicional, llegó a ocupar el cargo interinamente, pero nada ha cambiado. El miércoles pasado se cumplieron dos años de que inició la guerra entre las dos facciones del cartel que lleva el nombre del estado y no tiene para cuando termine.

Por encima de las declaraciones triunfalistas de la mandataria emergente y de la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Sinaloa, siguen mandando “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

El 9 de septiembre se cumplieron 24 meses de que iniciara el enfrentamiento abierto entre la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y los afines a Ismael “El Mayo” Zambada, después de que este fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades.

Asombra el saldo de los enfrentamientos registrados a diario entre las dos fuerzas beligerantes, ya que es similar al de guerras ocurridas en otras partes del mundo.

El impacto social y económico en el estado ha alcanzado niveles críticos sin precedentes.

El número de homicidios en esta guerra, es variable, dependiendo de la institución que lo registre. Organizaciones de la sociedad civil calculan entre 3 mil 181 y 3 mil 800 asesinatos vinculados directamente al conflicto.

Las fiscalías locales registran la cifra menor, mientras que los recuentos periodísticos y de ONGs superan las 3,700 víctimas mortales. Entre los fallecidos se documenta el deceso de al menos 174 menores de edad.

En lo que se refiere a desaparecidos y secuestrados, los reportes oscilan entre 4 mil 66 y más de 5 mil personas no localizadas o privadas ilegalmente de la libertad. Colectivos de búsqueda locales, como Sabuesos Guerreras, estiman que la cifra negra y el acumulado histórico de este periodo de crisis podría elevarse hasta los 6 mil 500 casos.

Las cifras oficiales de heridos son intermitentes debido a que muchos lesionados en enfrentamientos armados no acuden a hospitales públicos, pero los registros de las jornadas más violentas reportan cientos de ingresos por impactos de bala y tortura.

Por otra parte, durante el primer año del conflicto se denunció el robo de 6 mil 895 vehículos, dinámica que continuó de forma masiva en el segundo año debido al uso de automóviles para bloquear carreteras, realizar "narco bloqueos" o ser incendiados por las células delictivas.

Lógicamente que la violencia impacta negativamente en el ámbito económico de Sinaloa y de parte de la zona occidental del país. Especialistas y analistas financieros estiman que las pérdidas económicas globales para Sinaloa se ubican entre los 120 mil millones y 170 mil millones de pesos acumulados en los 24 meses de hostilidades.

Miles de negocios locales han quebrado o cerrado permanentemente debido a la falta de liquidez, el cobro de piso y la ausencia de clientes. Las zonas comerciales de Culiacán, Mazatlán y Navolato han sufrido cierres intermitentes severos.

La actividad económica nocturna se redujo prácticamente a cero en las fases más agudas de la disputa. Esto provocó la pérdida masiva de miles de empleos formales e informales y problemas sistémicos de liquidez en las cadenas de suministro locales.

Los sinaloenses se han visto afectados en su vida diaria y más de 3 mil personas abandonaron sus hogares en municipios como Concordia, Culiacán, Elota y Rosario, dejando comunidades y parcelas agrícolas completamente deshabitadas, lo que golpeó severamente la producción ganadera y agrícola de la región.

A pesar del despliegue de casi 8 mil elementos de las fuerzas armadas y de las revisiones periódicas del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la violencia y la ingobernabilidad persisten en la entidad, evidenciando limitaciones críticas en la estrategia oficial.

La gobernadora Domínguez argumentó que la violencia actual es el reflejo de desigualdades y problemas sociales acumulados que fueron desatendidos durante más de 30 años por administraciones pasadas, en las que debe incluir al gobierno de Rocha Moya, por cierto.

Según su diagnóstico, el origen del conflicto criminal también obedece a profundas carencias socioeconómicas. El marco del segundo aniversario del inicio de la pugna interna entre grupos del crimen organizado, reconoció que los avances para devolver la paz a Sinaloa no son suficientes.

Por su parte, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, señaló que el proceso de pacificación "durará lo necesario".

Las declaraciones de la gobernadora y del encargado federal de la seguridad en el país no son nada alentadoras. Sencillamente no hay para cuando se termine el baño de sangre derramada en Sinaloa. Así de podrida estaba la situación en ese estado, cuna del narcotráfico y así de podrida sigue.