Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

Los reos sin sentencia ni libertad

El caso de Verónica Razo es para llorar y traumar a cualquiera. Torturada hace 11 años para que se auto inculpara como responsable de secuestro, aún no recibe condena y recientemente un juez pudo cambiar su medida cautelar para que pudiera seguir su proceso en libertad, pero no la aprobó porque argumentó que la mujer “no tenía comprobantes de domicilios recientes”. Así como lo lee.

Otra reclusa, Ana Georgina Domínguez Macías, lleva 13 años en prisión, por el delito de lavado de dinero, de la cual ya fue absuelta y las autoridades le dieron el clásico “usted disculpe”, pero sigue sujeta a proceso por delincuencia organizada, por el que alcanzaría 8 años de castigo. Es decir, ya superó por 5 años la pena aplicable, eso en el supuesto teórico que se le declarara culpable.

Es el México de injusticias en las cárceles y juzgados, en donde se aplica a raja tabla la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que da origen a un creciente número de reos que tarda, en ocasiones, más de una década en recibir sentencia y en donde no se aplica el precepto de presunta inocencia, como define la ley, y todos son considerados culpables, hasta que demuestren lo contrario.

Verónica Razo se desesperó al enterarse que el juez no decretó que podía seguir su proceso en libertad condicional, porque no tenía comprobantes de domicilio recientes, como si no supiera que en los últimos 11 años su “casa” ha sido la prisión.

Fue encarcelada el 8 junio de 2011 en la Ciudad de México, pero de acuerdo con lo señalado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, fue abusada sexualmente y torturada por agentes de la entonces Policía Judicial Federal, acusada de los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada.

El Instituto Federal de Defensoría Pública denunció anomalías en el proceso y el caso llegó hasta el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, que solicitó al poder judicial mexicano la liberación de Razo, por tratarse de una detención arbitraria.

La mujer fue abusada y torturada, motivo por el cual tuvo que permanecer tres días en el hospital y por esa situación se procedió en contra de varios agentes, lo cual no representó beneficio alguno para la inculpada y el proceso siguió como si nada hubiese sucedido.

De acuerdo con el seguimiento hecho por la ONU, a Verónica le colocaron bolsas de plástico en la cara para tratar de asfixiarla, la golpearon durante horas, recibió descargas eléctricas en los genitales y finalmente fue violada, pero nada de eso contó para el juez.

Su hermano, Erik Razo también fue detenido casi simultáneamente que la mujer y también fue objeto de diversas torturas, incluidas descargas eléctricas y golpes, para que firmara una declaración ya hecha por los agentes judiciales. A los dos los amenazaron con violar a su madre, en caso de que no aceptaran su “responsabilidad” en los ilícitos.

Después de 11 años, un juez absolvió a Erik por diversas fallas en su proceso y al no encontrar pruebas suficientes para inculparlo, en junio de este año pudo salir libre. ¿Quién le devolverá la libertad perdida durante tantos años? Nadie y, además, su hermana permanece en la cárcel.

Ana Georgina Domínguez Macías tenía 26 años cuando el 9 de septiembre de 2009 fue aprehendida por un comando que la sustrajo de su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, enfrente de sus hijos de 5 y 11 años de edad. Detuvieron también a su esposo, pero a él lo soltaron en una carretera cercana.

Sólo les importaba la mujer, porque, de acuerdo con una llamada anónima había sido denunciada como una “contadora” de un grupo criminal. De acuerdo a testimonios de Georgina, en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ahí fue presentada ante un comandante que señaló a los agentes: “Como serán pendejos, esta no es la contadora. A ver como le hacen para resolver su desmadre”.

Este evidente error de los agentes federales no fue motivo suficiente para que la mujer fuera dejada en libertad de manera inmediata, sino que fue consignada ante las autoridades por los presuntos delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, con una pena inicial de 8 años.

Fue absuelta del delito de lavado de dinero, pero por el segundo ilícito no ha recibido notificación alguna, en un proceso plagado de irregularidades y ella sigue presa en el penal de Santiaguito, en el Estado de México.

Ellas son dos de miles de reos que están en cárceles de México que por años no han obtenido un veredicto. De acuerdo con cifras oficiales, se calcula que de 100 mil personas que ingresaron a prisión entre 2019 y 2020, el 85 por ciento no han recibido sentencia, lo que se agrava en los estados más pobres.

Esta injusticia es superior en el caso de las mujeres, pues actualmente de cada 10 hombres, 3 están en una prisión sin un veredicto, pero en el caso de las mujeres es aún más grave el problema, pues de cada 10, 5 de ellas no tienen una sentencia.

Sólo 2 de cada 10 personas con prisión preventiva reciben sentencia en nuestro país; es decir, que los ocho restantes (el 80 por ciento), son considerados inocentes al final de su proceso penal por las autoridades judiciales.

Como en los casos de Verónica y Ana Georgina, en México la mayoría de los reos purgan una pena por adelantado de forma injusta, ya que al final se determina que no son responsables del delito que se les acusaba. De este tamaño es la injusticia que se comete en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido varias veces que amnistiará a presos encarcelados sin pruebas contundentes, pero contradictoriamente está en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa que ha metido en prisión a miles de personas acusadas que podían seguir su condena en libertad condicional, porque considera que provocará la liberación de delincuentes de alta peligrosidad y de cuello blanco, lo cual es erróneo.

Apenas ayer, el ministro Luis María Aguilar Morales retiró su proyecto para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleguen a un consenso benéfico para el país. Habrá que analizar en que términos vendrá la nueva propuesta.

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa no pone en riesgo a las víctimas, porque existe la prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares que permiten garantizar su seguridad y sus derechos.

Meter a una persona a la cárcel en automático y mantenerla encerrada por años, sin recibir veredicto alguno, es una forma directa de injusticia y de violencia ejercida por el Estado. Ya basta que haya reos sin sentencia o sin libertad.

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